Por Julio C. Gambina*

No es lo mismo, sino más, una potencia, que se apoya en los propósitos explicitados por Martínez de Hoz en el programa del 2 de abril de 1976, por “modernizar” a la Argentina, lo que suponía acciones orientadas en varios sentidos.

Por un lado, a una reaccionaria reforma laboral, contra derechos sociales, sindicales, colectivos e individuales, un proceso recurrente en este recorrido de casi medio siglo, con los matices o frenos impuestos por la lucha popular y acciones de gobiernos condicionados por la organización y lucha popular en estos años.

Insistimos en la tendencia afirmada por décadas en la confirmación de los datos de pobreza e indigencia, de creciente irregularidad en el empleo e inseguridad social con deteriorados ingresos populares (salarios, jubilaciones, planes).

También expresado en sucesivas reformas del Estado y a favor del capital privado concentrado y transnacionalizado, que tuvo su aceleración con las privatizaciones de los 90, convalidadas por la reforma constitucional del “Pacto de Olivos” y, por ende, el beneplácito del poder integral, económico, político y cultural para nuevas funcionalidades del Estado capitalista.

Un nuevo modelo productivo y de desarrollo construido desde 1975/76 desarmaba el entramado de la industrialización subordinada desplegada en el siglo previo.

La industria que se desplegó desde el último cuarto del siglo XIX y que se potenció con las diferentes etapas de la sustitución de importaciones en el Siglo XX, sucumbía ante una nueva estrategia de inserción dependiente condicionada por un nuevo ciclo de endeudamiento promovido desde el Estado.

El complemento de esas acciones de reforma estructural suponía un nuevo alineamiento internacional, en contra de cualquier acercamiento a la dinámica de articulación con el “tercer mundo” y menos con el segundo, desaparecidos ambos en los reagrupamientos globales acaecidos desde los 90 y el fin de la bipolaridad.

El remate contemporáneo es el alineamiento con la política exterior de EEUU, gobierne quien gobierne, y con el Estado de Israel.

Se trata de una lógica a contramano de las tendencias globales acrecentadas en estos últimos años por la emergencia en el reagrupamiento mundial de China y sus aliados, todos sancionados por EEUU, y sus asociados en política exterior.

Son cambios en las relaciones sociales de producción que modifican la relación entre el capital y el trabajo, modifican la función estatal a favor del capital privado más concentrado y reestructuran las relaciones internacionales del país, potenciando la dependencia de la lógica de acumulación de los capitales globales.

Continuidad y reagrupamiento del poder

Por todo esto, el gobierno Milei es continuidad con los propósitos del 76, pero tiene sus especificidades, entre ellas, que no sustenta un perfil “nacionalista”.

Entre los motivos por los cuales la dictadura no avanzó en sus planes privatizadores, el ministro emblemático de aquel gobierno, Martínez de Hoz, señalaba como balance de gestión, que el “nacionalismo militar” impidió avanzar con privatizaciones estratégicas en donde las FFAA tenían posiciones históricas, desde el petróleo a las fábricas militares.

Para la represión, la tortura o el plan de exterminio sí resultaron funcionales, pero no necesariamente para avanzar en otros planes, con los que ahora sí se crearon condiciones, entre otras, por la escasa presencia militar en esos estratégicos sectores productivos y de servicios asociados a la tradición militar.

Sea el DNU, la ley Bases, retirada de Diputados, o la de nueva generación en discusión ahora, tanto como el “pacto de mayo”, son todas expresiones de una actualización de máxima del programa de la dictadura genocida.

Sin aquella acción golpista de restauración del poder oligárquico imperialista, no hay proyecto actual consensuado electoralmente y en pleno despliegue para proyectar la hegemonía del capitalismo local.

En ese marco se impone un debate en el poder por la hegemonía desde la derecha bajo nuevo liderazgo y el intento de restablecer la dominación previa al intermedio constitucional desde 1912/16.

Lo que no termina de definirse es la respuesta reorganizada del movimiento social popular, que en más de un siglo contuvo la tradición anarquista, socialista y comunista en el movimiento obrero hasta los años 40 del siglo pasado, y luego la identidad mayoritaria del peronismo; que en el plano político atravesó el tiempo del bipartidismo cortado por los golpes entre 1930 y 1976.

Y, luego del 2001, la conformación de dos coaliciones que disputaron la elección presidencial del 2023 sin éxito, para dar lugar a una nueva experiencia del poder y la reconfiguración del mismo.

Desde el campo del pueblo se vive el desafío de recuperar una visión de reivindicación de las víctimas del golpe del 76 y reconstruir una estrategia más allá de la resistencia al ajuste en curso para pensar en términos de sociedad alternativa al diseño de regresiva reestructuración que proviene desde el poder.

rmh/jg

*Julio C. Gambina, de nacionalidad argentina, es colaborador de Firmas Selectas, de Prensa Latina. Profesor de Economía Política en varias Universidades Públicas de la Argentina y la región; preside la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, dirige -entre otros- el Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina y la Escuela de Formación de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Energía de la República Argentina. Recibió el Premio para la región latinoamericana y caribeña en 2021 de la Word Association of Political Economy.