La decisión implica una inhabilitación de funciones públicas por 8 años, 4 meses y 20 días, así como una multa de 2.420 salarios mínimos legales vigentes.
Se trata de la culminación de un histórico juicio adelantado contra Uribe porque, cuando era senador, instigó, toleró y promovió una serie de actuaciones ilegales que se desplegaron de forma simultánea en cárceles del país con tres objetivos: quitarle valor a los testigos Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra que lo han involucrado con grupos paramilitares, presionarlos para que se retractaran, engañar a la justicia y lograr que paramilitares afirmaran falsamente que Iván Cepeda les había hecho ofrecimientos.
Esta decisión que será apelada por la defensa del expresidente, enfatiza en que Álvaro Uribe Vélez sí sabía de la existencia de un entramado ilegal y que determinó a Diego Cadena para hacer dichas gestiones. ¿Cuáles? Acercarse a Juan Guillermo Monsalve a través de Diego Cadena, Enrique Pardo Hasche y Carlos López, quien llegó direccionado por el entonces representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral en juicio.
De otro lado, hubo memoriales con contenido falso que firmaron a cambio de dinero Eurídice Cortés, alias Diana, y Carlos Enrique Vélez. También cartas mentirosas y con ánimo distractor a la justicia, como las enviadas por el exnarcotraficante Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra.
En 2018, la defensa de Uribe entregó a la Corte varios memoriales firmados por Eurídice Cortés, alias Diana; Carlos Enrique Vélez; Jhon Jaime Cárdenas Suárez, alias Fosforito; y Fauner José Barahona Rodríguez. Con estas cartas se intentaba desvirtuar el testimonio de Pablo Hernán Sierra.
No obstante, según la sentencia, estas personas actuaron por instrucción del abogado Diego Cadena quien, al parecer, le prometió pagos a cambio de sus declaraciones. También se acreditó como parte del delito de soborno la presión ejercida sobre Juan Guillermo Monsalve, exintegrante del Bloque Metro recluido en la cárcel La Picota. Monsalve, quien también había hablado con Iván Cepeda, fue contactado con un único propósito: que se retractara de su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia.
La sentencia de 1.114 páginas insiste en que Uribe Vélez, «con el ánimo de confrontar a sus opositores, detractores, figuras de autoridad y aquellos que lo relacionaban con conductas punibles, creó en Diego Javier Cadena Ramírez, la necesidad de acogerse al proyecto de descrédito de los que, el instigador, consideraba sus enemigos, tomando parte activa en el objetivo punible, sin que para ello fuera necesario que aquel le diseñara un plan pormenorizado para ejecutarlo, bastaba simplemente con indicarle, como lo hizo, el escenario en el que debía intervenir».
La jueza insistió en que las actuaciones que desplegaron varias personas, con plena autorización del entonces senador Álvaro Uribe entre febrero y julio de 2018, sí tuvo como objetivo torcer a los testigos y no fue una actuación individual de múltiples personas.
«Ese afán por esconder la verdad generó en los testigos, una distorsión de remembranzas, la presencia de una memoria selectiva, sorprendentemente nítida respecto de hechos ocurridos hacía siete años, pero contradictoriamente difusa en lo concerniente a acontecimientos recientes, aduciendo que no les despertaba interés, lo cual no es acogido por la instancia», dice el fallo.
«Estas inconsistencias, más que un simple olvido individual, se erigen como un indicio de reconstrucción intencionada del relato, en el marco de una estrategia común, que finalmente terminan por acreditar el engranaje urdido, para esconder la verdad, testimonios planos, que fueron ampliamente valorados tanto individual como conjuntamente, exponiendo en su momento las razones por las cuales no se les daba credibilidad», agrega.