En un oficio remitido al Ejecutivo, a los ministerios de Defensa, Interior y Gobierno, así como a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Defensoría del Pueblo, las comunidades acusaron al Estado de criminalizar la protesta.

   La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigió una investigación transparente por la muerte de Efraín Fuerez, comunero kichwa fallecido en Cotacachi en un operativo de la fuerza pública, hecho que califican como un crimen de Estado.

   El documento también pide la liberación de los detenidos en las manifestaciones, garantías para el derecho a la resistencia y el cese inmediato del uso de armas letales en los operativos de control.

   Las protestas, iniciadas el 22 de septiembre tras la eliminación del subsidio al diésel, se han extendido por varias provincias andinas con bloqueos de vías, marchas y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

   La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos documentó, hasta el momento, 83 vulneraciones.

   La víspera, la Conaie ratificó la continuidad del paro nacional y reiteró sus demandas al Gobierno de Noboa, incluida la derogatoria del Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel.

   Además de la cuestión del combustible, se pronunciaron a favor de la defensa de la tierra y sus territorios, en rechazo al extractivismo, por el fortalecimiento de la salud y la educación pública y pidieron reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12 por ciento.

   A eso se suma el reclamo de garantías para el ejercicio del derecho a la resistencia y afirmaron la necesidad de exigir verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión, en particular para la familia de Fuerez.

   De acuerdo con cifras oficiales, las jornadas han dejado hasta ahora un muerto, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos, algunos de ellos imputados por terrorismo.

   Desde Naciones Unidas y la Iglesia católica han instado al diálogo urgente para evitar una mayor escalada de violencia, mientras la Conaie insiste en que “no dará ni un paso atrás” en su lucha.

   El Gobierno mantiene su postura de no dar marcha atrás con el decreto que encareció el diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón, al considerar que los recursos liberados benefician a los sectores más empobrecidos.

   El ministro del Interior, John Reimberg, señaló este jueves que las autoridades detendrán «a quienes estén generando violencia en las diferentes partes del país, y no solamente a ellos, sino a aquellos autores intelectuales que están detrás en financiar la violencia».

   Aunque no mencionó nombres, insinuó que se trata de alguien «que no ha sabido perder», en aparente referencia a la excandidata presidencial Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC), que manifestó públicamente su apoyo al paro.

   En respuesta, González cuestionó al funcionario sobre la gestión de la seguridad y el destino de los fondos del aumento del IVA.

   «Amenace lo que usted quiera que yo tengo todo lo que a usted le falta», añadió la titular de la RC.