Por Rafael Santos

El epicentro de la huelga general convocada por la COB estuvo en la capital La Paz. Grandes columnas de millares de mineros, con sus cascos y herramientas, se movilizaron y cercaron todas las entradas a la Plaza Murillo, donde está la sede del gobierno nacional.

   La policía apeló a todos los recursos para impedirlo: colocó vallas y barricadas en todas las arterias y desarrolló una feroz represión contra los mineros, que pelearon durante horas, volviendo varios días acompañados por otros sectores (docentes, fabriles). Se afirma que incluso algunos tiraron cartuchos de dinamita para detener la lluvia de gases y disparos de las fuerzas represivas. Hace rememorar jornadas históricas protagonizadas por el combativo proletariado minero boliviano. Todo el centro quedó cortado por la marcha minera.

   Hubo también importantes manifestaciones en Cochabamba y otros distritos, y una veintena de cortes de ruta.

Contraofensiva del gobierno y la derecha

   Pero el gobierno, apoyado por el gran capital nacional e imperialista, lanzó una contraofensiva para quebrar el movimiento huelguístico. Estableció “mesas de diálogo” con los transportistas y las “cooperativas mineras”, e incluso con organizaciones de base barriales, para que no se plegaran al paro general.

   Ante la persistencia de las marchas mineras comenzó a organizar la presencia de sectores de la pequeña burguesía que fueran a increpar las columnas movilizadas, acusándolas de vivir a “costa del Estado” (sin mucho éxito todavía); y un amplio operativo de medios de prensa en contra de los mineros y sus movilizaciones. Con sus diferencias, una campaña reaccionaria parecida a la que se desarrolló en Argentina para denostar y atacar a los movimientos piqueteros.

   Sin embargo, la COB votó en un plenario realizado en la Navidad mantener las movilizaciones, y concurrir al “diálogo” con el gobierno planteando que solo levantará la lucha en curso si el gobierno deroga el decreto 5503.

Un ataque imperialista contra los trabajadores y la nación explotada

   Este decretazo no es solo un ataque al bolsillo de los trabajadores a través del “gasolinazo”, que quita los subsidios a los combustibles y aumento las naftas un 86% y el diésel 160%. Esta medida viene acompañada por un plan de entrega y remate de riquezas nacionales y de medidas a favor de los grandes empresarios.

    El gobierno que dice eliminar subsidios al consumo popular para ahorrar presupuesto ha borrado de un plumazo cuatro impuestos que se gravaban a los grandes capitalistas.  

    Por ejemplo, eliminó un impuesto que gravaba (mínimamente) a menos de 300 de los grandes ricachones (en lugar de aumentarlo para reducir el déficit fiscal). Como compensación aumentó un 20% del salario de los trabajadores registrados (en blanco), algo totalmente insuficiente y que abarca solo al 15% de la mano de obra, porque el 85% restante es totalmente precarizado (esto ha sido producto de 20 años del gobierno del MAS, que mucho habló de “derechos” pero dejó que las patronales avanzaran con la precarización y el trabajo en negro). También anunció un aumento para los ancianos, que no cobran ningún tipo de jubilación o pensión.

   La ofensiva contra el pueblo trabajador responde directamente a la presión del imperialismo yanqui y las cámaras empresarias. El decreto fue emitido pocos días después que visitara al gobierno de Rodrigo Paz una delegación con personeros de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM), la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado yanqui.

   El gobierno impone un régimen de gestión denominado “fast track” (aprobación inmediata): si una inversión no se aprueba en 30 días se dará como automáticamente aprobada. Esto elimina, en particular para las inversiones mineras, todo estudio ambiental o consulta con las comunidades e incluso sin aprobación parlamentaria.

   También se otorga una “estabilidad” para los “inversionistas” en materia jurídica y tributaria de 15 años. Si el parlamento o un nuevo gobierno quieren modificar o anular un contrato leonino, no puede o corre el riesgo de que sea “arbitrado” y litigado en tribunales “internacionales”.

   Se plantea un blanqueo de capitales (no tendrán que explicar el origen de los mismos) a una tasa 0 (cero) de impuestos. Un paraíso legal para las grandes mineras imperialistas (litio, tierras raras, etc.).

   Para el 22 de marzo del 2026, en tres meses, están convocadas las elecciones subnacionales donde se elegirán gobernadores y concejales en todo el país. El gobierno y los partidos patronales están tratando de desactivar el desarrollo de la lucha en curso llevándola al terreno electoral. Pero en simultáneo ya están tomando medidas proscriptivas. El Tribunal Supremo Electoral está a punto de desconocer la personería del Morena (Movimiento de Renovación Nacional) que dirige la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, importante referente del dividido MAS, y que habría hecho un acuerdo con Evo Pueblo, la lista de Evo Morales.

La huelga general se debe organizar

   Planteamos en una nota anterior que no se trata sólo de convocar a la huelga general, sino que hay que organizarla, convocando asambleas fabriles, mineras, barriales, para constituir comandos de lucha que tomen las tareas de la misma (piquetes, manifestaciones, etc.) en sus manos. Reclamar y organizar plenarios sindicales y regionales para avanzar en la coordinación de las luchas, y enviar delegaciones a los plenarios de la COB, con planteos en tal sentido.

   Más allá del resultado inmediato del desarrollo de la huelga general esta irrupción del proletariado minero es un alerta para el gobierno y la burguesía. Los trabajadores bolivianos no han dicho la última palabra. No cesarán, por supuesto, los “ajustes” contra el pueblo trabajador (cada seis meses se “revisarán” las tarifas, dijeron voceros gubernamentales) y se pondrá en marcha la entrega de las empresas estatales y riquezas naturales.

   Bolivia obrera y campesina esta conmovida. Debe pararse en forma independiente de las direcciones burguesas. La vanguardia obrera, campesina y estudiantil debe organizarse en su propio partido de clase.