Por Fernando M. García Bielsa

   La Ley de Concientización sobre el Antisemitismo (Anti-Semitism Awareness Act) afirma que es antisemita llamar racista a Israel o protestar contra el genocidio que comete contra el pueblo palestino.

   Son muchos los que en Estados Unidos señalan que dicha ley, pendiente aún de consideración senatorial y de la aprobación del Presidente, es violatoria de la primera enmienda constitucional que protege el derecho a la libre expresión.

   Esa pieza legislativa está siendo impulsada apenas semanas después de que fuera reautorizada otra ley violatoria de los derechos constitucionales que da luz verde y visos legales a la intromisión en la vida de las personas y sirve de instrumento para los controles sociales y represivos que aplican los órganos de espionaje estadounidenses.

   Resulta impresionante cuán entronizado está en el discurso político y mediático en Estados Unidos la narrativa sionista acerca del Estado de Israel como un afable y acogedor hogar para el disperso pueblo hebreo y cómo han tergiversado y manipulado, para propósitos viles, el significado del holocausto que se cometió contra el pueblo judío por la Alemania nazi hace 80 años.

   Hace unos días, la conocida escritora y activista canadiense Naomi Klein decía: “No necesitamos ni queremos el falso ídolo del sionismo. Queremos liberarnos del proyecto que comete genocidio en nuestro nombre… El sionismo es un ídolo falso que ha tomado la idea de la tierra prometida y la ha convertido en un acto para vendernos un etno-estado militarista”.

   Se aprovecha la enraizada existencia de un legítimo sentimiento de rechazo al racismo y a cualquier expresión antisemita, así como la simpatía hacia las víctimas del nazismo, y ahora se les instrumentalizan para desacreditar y envilecer a manifestantes y a todo aquel que se atreva a criticar las políticas del Estado de Israel o se exprese contra los horrores e injusticias que enfrentan los palestinos.

   Al propio tiempo, muchos estudiantes han sido blanco de correos de odio y amenazas en las redes sociales, mientras que la masacre en Gaza, como tal, pierde cobertura ante el discurso histérico sobre el antisemitismo.

   En ese contexto, tildar a alguien de antisemita deviene un instrumento con el que se pretende descalificarlo y paralizar sus acciones. Se pervierte el significado del término referido a “discriminación, prejuicio, hostilidad o violencia contra los judíos como tales”.

   Se llega hasta el punto de etiquetar expresiones en pro de Palestina como “discurso de odio antijudío”, y de catalogar como “antisemitas” hasta los diversos sectores judíos que ahora, en el mundo entero, protestan contra los crímenes de Israel. Es una manera de promover su impunidad ante todo lo que hagan.

   Eso es lo que está detrás de esta “Ley de Concientización sobre el Antisemitismo” que avanza en el ámbito legislativo en Washington, precisamente en el contexto de la agresión brutal contra el pueblo palestino y del repudio generado en todo el mundo.

   Detrás de la mano dura y represiva contra los estudiantes están también, y fundamentalmente, el poder que tiene el lobby proisraelí en la política interna de Estados Unidos, sus vínculos con el complejo militar industrial, así como la utilidad y el papel geopolítico y estratégico que para Estados Unidos tiene su alianza con ese enclave en el Medio Oriente.

   Un aspecto cardinal de la protesta estudiantil es el reclamo del cese de las inversiones y relaciones de las universidades con empresas militares estadounidenses vinculadas y proveedoras de la maquinaria de guerra industrial israelí.

   Es un asunto sensible, pues el dinero opera silenciosamente y son lazos protegidos y casi impenetrables. Exigir la desinversión de industrias específicas es una tarea complicada por la opacidad de los acuerdos de financiación e inversión del sector universitario, así como asignaciones federales para investigaciones y proyectos militares.

   Desde su surgimiento el Estado de Israel requirió del robo de tierras coloniales, hojas de ruta para la limpieza étnica, produjo la expulsión masiva de palestinos de sus tierras ancestrales, y consideró a los niños palestinos como amenazas demográficas.

   El genocidio que ahora se produce en Gaza le ha abierto los ojos a buena parte del estudiantado y del pueblo estadounidense. Ante ello algunas autoridades universitarias llaman a la policía y se atrincheran contra la amenaza que representan sus propios estudiantes y sus incómodos emplazamientos.

   No son solo los cada vez más militarizados departamentos de policía los que utilizan las porras contra los estudiantes, sino que se hace evidente que la mano dura y la intolerancia tienen respaldo y son incentivadas por gobernadores estaduales y desde el Gobierno federal.

   La administración y el Congreso se enfrentan a un mayor escrutinio público, mientras que el presidente Joe Biden puja por calmar a la opinión pública y trata de evitar, con incoherencias, que las manifestaciones contra su contubernio con la masacre israelí en Gaza impacten sobre el electorado demócrata y afecten sus pretensiones reeleccionistas.

   Las manifestaciones y los arrestos se han extendido a los campus universitarios de todo el país en un grado que recuerda las protestas contra la guerra de Vietnam. Ya son más de 40 los centros universitarios donde son masivas las protestas y se estiman en más de 2 000 los arrestos.

   En California, la policía antidisturbios invadió el campamento de solidaridad con Gaza en el campus de UCLA, realizó arrestos y desmanteló violentamente el lugar de la protesta pacífica. Los estudiantes informaron de heridas graves cuando los agentes dispararon balas de goma y granadas aturdidoras. 

   La policía también realizó decenas de arrestos en los campamentos de solidaridad con Gaza en Dartmouth College, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Arizona y en muchas otras.

   El alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, defendió las redadas policiales y aludió al manido argumento de supuestos “agitadores externos” que, según él, tratan de “radicalizar a los jóvenes”. En algunos lugares, las falsas narrativas de los políticos atraen a turbas enojadas de extrema derecha a las puertas de los recintos.

   Por otra parte, asambleas administrativas de varias ciudades han votado a favor de resoluciones que piden un alto el fuego.

   Tal fue el caso, entre otros, de los ayuntamientos de Boston en Massachusetts, y de Tacoma, en la costa oeste, y el de Bloomington, Indiana. En California, el Ayuntamiento de Richmond votó a favor de desinvertir en Israel.

   Internamente se extienden las expresiones de apoyo al estudiantado, como es el caso de los sindicatos de la industria automotriz (UAW), y de la educación (SEIU), dos de los más grandes del país. Este último afirmó que “la supresión de la libertad de expresión sienta un precedente peligroso para todos los que buscan justicia, ya sean estudiantes que exigen responsabilidad institucional o trabajadores que se organizan para obtener mejores condiciones laborales”.

   Desde Europa, especialmente Francia y Alemania, llegan las mismas imágenes de dura represión policial contra campamentos estudiantiles, detenciones y expulsión de estudiantes y profesores.

   Al respecto, la relatora de derechos civiles de la ONU recientemente expresó: “La crisis de Gaza se está convirtiendo en una crisis mundial de la libertad de expresión, especialmente en Occidente”.    Independientemente de la firmeza con que EEUU y la mayoría de los gobiernos europeos respaldan el sionismo israelí y de la tibieza de algunos gobiernos árabes sunitas para definir sus posiciones, los acontecimientos en Gaza, y las fuertes protestas que han generado, debilitan considerablemente la imagen y la situación internacional e interna del Gobierno de Israel, y se han convertido en un hueso atravesado en la garganta del presidente Biden en sus aspiraciones de reelección este próximo noviembre.