El diplomático saharaui hizo estas declaraciones durante una conferencia en el Parlamento Europeo bajo el título: “Las implicaciones políticas del Acuerdo Comercial entre la UE y Marruecos para el futuro del proceso de paz liderado por la ONU en el Sahara Occidental”. La conferencia se organizó al margen de la manifestación multitudinaria que la diáspora saharaui en Europa realizó frente al edificio del Parlamento para denunciar lo que describieron como el “expolio de los recursos naturales de la región”. El embajador Oubi Bushraya afirmó que la Comisión Europea ha justificado sistemáticamente estos acuerdos como “puramente económicos” y destinados a “desarrollar la región del Sahara Occidental”. Sin embargo, subrayó que se trata de “argumentos falsos que ocultan una inequívoca naturaleza política”, y añadió que los acuerdos “proporcionan a Marruecos recursos financieros que se utilizan para consolidar su ocupación militar ilegal e imponer un hecho consumado a expensas de los derechos fundamentales del pueblo saharaui”. El diplomático saharaui señaló que cualquier mención de un carácter puramente económico “ignora el impacto directo de estos acuerdos en los elementos de la autodeterminación, en particular la soberanía permanente sobre los recursos naturales y la unidad territorial que los acuerdos pretenden integrar por la fuerza en territorio marroquí”. También recordó los orígenes de estas políticas, afirmando que “los acuerdos actuales están estrechamente vinculados a los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975”, y añadió que estos acuerdos dieron lugar a “pactos secretos a largo plazo que permitieron a España continuar explotando los recursos saharauis en coordinación con Marruecos”. Aclaró que la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en 1986 condujo a la integración de la dimensión económica de los Acuerdos de Madrid en los programas de asociación europeos, lo que hace que la relación entre esa antigua conspiración y lo que sucede hoy sea directa y esté profundamente entrelazada. Añadió que la inclusión del territorio en los acuerdos entre la UE y Marruecos socava directamente el derecho del pueblo saharaui a determinar el estatus final del territorio y proporciona a Marruecos una base para promover su política de imponer hechos consumados.