Así reaccionó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ante la decisión de la jueza Paulina Moya de enviarlo a prisión preventiva por considerarlo una persona que “resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”.

Luego de eso, Jadue fue trasladado, esposado y en un vehículo de Gendarmería, al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Durante la comparecencia en el Centro de Justicia y al llegar al lugar de reclusión, el alcalde contó con el apoyo de militantes del Partido Comunista y ciudadanas y ciudadanos que concurrieron a esos lugares.

Ramón Sepúlveda, abogado defensor de Daniel Jadue, anunció que se presentará un recurso de apelación para revertir la prisión preventiva. Indicó que “estamos totalmente en desacuerdo con la resolución pronunciada por el Tribunal. Creemos que se dan por acreditados delitos respecto a los cuales de manera evidente y con documentación hemos desacreditado las imputaciones”.

El abogado manifestó que “esta resolución es del todo injusta, desproporcionada, pero además con falta de antecedentes claros respecto a los delitos que se le han imputado al alcalde de Recoleta”.

Sepúlveda expresó que “el Tribunal ha tomado una posición de dar por acreditados hechos sin antecedentes y eso es muy grave, porque si bien esto se puede discutir en un juicio oral, debe existir necesariamente -en una resolución que decreta una medida cautelar como esta- antecedentes claros respecto a la participación y respecto a la existencia de los delitos que creemos en este caso no se dan”.

La jueza Paulina Moya emitió la orden de prisión preventiva contra el jefe comunal y en contra de José Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), y decretó 120 días de investigación.

El alcalde es imputado por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de la investigación sobre la administración de la Achifarp. La jueza admitió la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Paulina Moya indicó que “no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia (Jadue) en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración”.

Ella indicó que “antes de comenzar a analizar los elementos materiales del delito, esta jueza desea advertir expresamente el principio de imparcialidad que rige la función jurisdiccional. Este Tribunal no toma en cuenta afiliaciones, ni ideologías políticas para tomar su decisión. Esto implica que nadie debe recibir un trato preferencial y que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, los antecedentes aportados y las leyes aplicables, sin considerar factores extralegales”.

El abogado de Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda, dijo que ante la medida, el alcalde “está tranquilo, era uno de los escenarios que podía ocurrir”. Planteó que se espera que “se pueda cambiar esta medida cautelar y se pueda revocar en el breve plazo”.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, declaró que “no es la cautelar que esperaba” y que “hay que seguir con el proceso en la etapa que viene, que es apelar a esta definición de cautelar, eso se hace ante la Corte de Apelaciones”.

Carmona indicó que “la jueza tiene argumentos que dio, yo tengo otra mirada, pero no vale la mirada que yo tenga, mientras no se hagan los argumentos frente a la apelación”.

“Yo no quisiera meterme en el fondo del punto porque estaría tomando posición en un debate jurídico y yo tengo mucha confianza en el debate jurídico que se va a hacer y en este caso la presentación ante la Corte de Apelaciones” planteó el dirigente comunista.

El presidente de la colectividad de la cual Daniel Jadue es dirigente, precisó que no se puede especular en cuanto a que el PC quiera soslayar al Poder Judicial.

Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, colocó en redes sociales que “la medida cautelar contra el compañero Daniel Jadue es lamentable y desproporcionada, y creemos que se debe apelar. Como PC respetamos los Tribunales de Justicia y esperamos que esta etapa pública de la investigación y juicio termine por acreditar la inocencia de Daniel”.

En tanto, la diputada del PC, Carmen Hertz, hizo ver que es “un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para Jadue. La persecución política y el acoso son evidentes”.

La legisladora de la misma colectividad, Lorena Pizarro, sostuvo que “se desata una persecución política que viene hace bastante rato, particularmente orquestada desde la extrema derecha. Su objetivo tiene que ver fundamentalmente con detener lo que significa la obra que ha desarrollado Daniel Jadue en Recoleta”.

Matías Ramírez, diputado del PC, expresó que “la persecución política es evidente contra Daniel Jadue. No hay elemento alguno que justifique una medida cautelar de esta entidad. Lo que hay detrás es un anticomunismo a políticas populares que permitieron poner en evidencia las desigualdades del modelo”.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ante la prisión preventiva decretada contra el alcalde de Recoleta, afirmó que “nosotros como Gobierno estamos cumpliendo una labor institucional, por lo tanto, también respeta la autonomía de ese Poder Judicial”.

Enfatizó que “es la justicia y los tribunales los que terminan con la última palabra y eso es lo que nosotros respetamos, así como la labor de los entes persecutores”. Ante esta situación, el alcalde Daniel Jadue deberá ser subrogado de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, lo que implica que el suplente deberá ser elegido por el Concejo Municipal. En el Concejo, de los ocho concejales, cinco son militantes del Partido Comunista (Fares Jadue, Natalia Cuevas, Karen Garrido, Joceline Parra y Cristian Weibel) y se presume que de ellas o ellos saldrá quien reemplace a Jadue.