Son las 9:53 horas locales y en la calle Pasteur al 600, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, solamente se escucha una sirena. La señal indica que hace exactamente 30 años, en esa dirección donde está ubicada la sede de la AMIA, se perpetró el atentado terrorista más brutal de la historia argentina, que dejó un saldo de 85 muertos y cientos de heridos.

   Una multitud se congregó frente al emblemático edificio para homenajear a las víctimas: entre los presentes estuvo el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel. La consigna del acto fue unívoca: «el terrorismo sigue, la impunidad también».

   Es que a tres décadas del crimen todavía no hay condenados: el derrotero de la investigación expuso a todas luces la connivencia judicial, que derivó en la causa por el encubrimiento del atentado.

   En la víspera del aniversario, el mandatario argentino participó, junto a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, y al paraguayo, Santiago Peña, en un evento organizado por el Congreso Judío Latinoamericano y el Congreso Judío Mundial, junto con el apoyo de la AMIA.

   Desde las inmediaciones del acto, Sputnik habló con Adriana Reisfeld, familiar de Noemí, una de las víctimas del ataque.

   «Pasaron 30 años y todavía no hay justicia para mi hermana. La constante de la causa AMIA fue que cada una de las pistas que se investigó luego fue descartada: hubo connivencia de todo tipo para encubrir este crimen y garantizar la impunidad», denunció.

   «Todavía somos un país en riesgo, al menos hasta que se aclare lo sucedido. El terrorismo existe y nadie está a salvo hasta que haya justicia», advirtió Reisfeld.

   La solemnidad del acto convivió con un profundo sentimiento de impotencia respecto a la falta de respuestas sobre la masacre sucedida.

   Minutos antes del acto, el secretario general del Seminario Rabínico Latinoamericano, Daniel Habib, dijo a Sputnik que «la búsqueda de justicia sigue siendo un norte para que los responsables paguen sus culpas: esta es una lucha que no termina».

   Desde el escenario del evento, el propio presidente de la AMIA, Amos Linetzky, reclamó: «parece mentira que hayan pasado 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. El Estado argentino ha mirado para otro lado, colmado de falencias, demoras y errores».

   En ese sentido, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la falta de justicia y aprobó el reclamo de organizaciones de familiares de víctimas de una desclasificación de archivos secretos relativos al caso, habida cuenta de la sospechada connivencia entre la justicia y los servicios de inteligencia nacionales.

   En función de la opacidad del funcionamiento de la estructura de espionaje argentino, el Gobierno nacional ejecutó una reconfiguración del sistema a partir de la restitución de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La fecha de oficialización del anuncio, días antes del aniversario del crimen, exhibe el explícito vínculo entre el aparato de inteligencia y el derrotero de la causa judicial.

   Desde la movilización a la sede de la AMIA, la diputada oficialista Lilia Lemoine se refirió al tema: «el sentimiento es de impunidad. Ahora siento algo de esperanza en que se investigue con más fuerza», dijo ante la consulta de Sputnik.