Por Daniel Oberti

Además de no entregarle alimentos a las organizaciones sociales, el gobierno de Javier Milei intenta desregular las prestaciones y los tratamientos destinados a personas con discapacidad, que hasta ahora son sostenidos por el Estado y las obras sociales.

Alertados por esta posibilidad, cientos de familiares, educadores y acompañantes terapéuticos se movilizaron hasta la Quinta de Olivos para ponerle freno a esa intentona.

La masiva protesta tuvo también lugar en distintos puntos del país, como Rosario (Santa Fe), Tucumán, Río Cuarto, Alta Gracia y Villa María (Córdoba), Mendoza, San Juan y Salta. También en distintos puntos del conurbano bonaerense.

“Respetemos a todos/ No a la desregulación”, “No somos un gasto innecesario, tenemos los mismos derechos que cualquier persona”, “No a la desregulación de las prestaciones básica de discapacidad”, fueron algunos de los mensajes escritos en decenas de carteles desplegados frente a la Quinta Presidencial.

La voluntad de hacer recortes en los servicios de discapacidad fue tema sobre el cual Milei fue cuestionado durante la campaña. En más de una oportunidad, él negó que tomaría medidas perjudiciales para el sector pero, sin embargo, el desfinanciamiento se hizo realidad.

¿Qué exigen las organizaciones de discapacidad?

Lo que las organizaciones y asociaciones movilizadas a la residencia presidencial alertan es el inminente dictado de una medida que establece que los organismos públicos y empresas que por ley 24.901 financian las prestaciones fijarán aranceles “que les parezca o convenga” de manera unilateral, discrecional e independiente de la realidad de cada familia.

Esto quiere decir que las personas que reciben tratamiento podrían pagar costos que no contemplen su situación económica y, por lo tanto, quedar afuera de los servicios que reciben.

“Además de la desigualdad que esto implica, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200 mil personas con discapacidad”, advirtió el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad, que aúna a organizaciones y asociaciones del sector.

Lo que se demanda es que el Gobierno no renuncie a su responsabilidad en establecer un nomenclador único de costos, donde todas las prestaciones puedan tener valores equilibrados y posibles de ser cubiertos tanto por las familias como por el Estado, las obras sociales y las prepagas.

“La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello”, explicó a través de un comunicado.

«Que el Presidente se toque el corazón»

Florencia, una trabajadora dedicada a la inclusión escolar, rechazó la intención del Gobierno de “desregular el sistema de prestaciones”. Explicó que esto hará “que cada financiadora actualice y aumente sus honorarios de acuerdo a sus posibilidades” pero no a las necesidades de las familias.

Si esto ocurre, “vamos a tener personas de primera, segunda, tercera o cuarta categoría” porque “hay prestaciones que son muy caras”, subrayó ante C5N. “Lo que tememos es que los aumentos no estén acordes al costo de vida y que haya prestación que caigan por su peso”, alertó.

En diálogo con ese canal, Mariana Paola, madre de un chico con discapacidad, calificó a esta situación como “muy angustiante”. “Mi hijo ha progresado gracias a todas estas personas que trabajan y están acá. No tener sus servicios significaría un dolor muy grande”.

“Las mamás de las personas con discapacidad siempre nos preguntamos ‘¿qué va a ser de su futuro?’ Por eso le pregunto al señor Presidente: ¿qué va a ser del futuro de nuestros hijos si usted hace esto? Nosotros no somos la casta. Le pido encarecidamente, a usted que habla de Dios, que se toque el corazón y vea por los derechos de nuestros hijos”.

Lo que despertó las alertas del Foro Permanente fue la aparición de un supuesto borrador del decreto con el cual el Poder Ejecutivo pretende variar la normativa vigente.

Paralelamente, las organizaciones denuncian que las prestaciones de transporte que trasladan a los chicos hacia las instituciones donde realizan sus tratamientos continúan atrasadas “en un 100 por ciento” y en un 45 para el resto de los servicios.

Esa situación “ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto”, reclamó el Foro.

Por ese motivo, “exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”, recalcó el comunicado.