Se debe a la suspensión del Secretario Ejecutivo del sindicato, Claudio Dellecarbonara, por parte de la empresa concesionaria Emova, por un hecho ocurrido hace tres años.

La medida había sido anticipada el viernes pasado por el gremio de los Metrodelegadxs/AGTSyP en un comunicado, que advertía el estado de alerta «a raíz de la injustificada sanción a un directivo de nuestro sindicato».

En ese sentido, informaron que la empresa Emova «aplica la suspensión al compañero invocando una apertura de molinetes ocurrida en el año 2021».

Y agregó: «Las trabajadoras y los trabajadores del Subte y Premetro recurrimos muchas veces a esa metodología de reclamo para dar a conocer los diferentes problemas que atravesamos con el objetivo de afectar lo menos posible el servicio y por ende la rutina de los usuarios de la red».

«La sanción disciplinaria es arbitraria, persecutoria y atenta contra los derechos de los trabajadores garantizados en la Constitución Nacional», consideraron en el texto.

«Llamamos a la empresa a deponer su actitud, caso contrario nos veremos obligados a realizar medidas de autodefensa», indicó el aviso difundido el viernes por la secretaria de prensa AGTSyP/Metrodelegadxs Andrea Salmini.

Finalmente, este martes comunicaron las medidas de autodefensa que el gremio llevará a cabo «por la suspensión de nuestro compañero y miembro del Secretariado Ejecutivo, Claudio Dellecarbonara».

«Exigimos que la empresa deje de perseguir a los trabajadores por ejercer sus derechos, como indica la Constitución. Lamentamos las molestias que estas medidas puedan ocasionar a los usuarios», sentencia el comunicado de este martes.

Tras conocerse la medida de fuerza, el trabajador y dirigente gremial sancionado, Claudio Dellecarbonara, apuntó contra la persecución de la empresa concesionaria del subte, Emova.

«Cada vez que nosotros realizamos alguna medida, dentro de las medidas constitucionales como el reclamo a la huelga y la protesta, la empresa inicia causas judiciales pidiendo el desafuero de los representantes de nuestro sindicato para avanzar con algún tipo de sanción o despido», explicó Dellecarbonara en el móvil de la 750.

«Y en este caso, en la causa que iniciaron contra mí por una apertura de molinetes, una medida que no solo es constitucional sino que no afecta al servicio, cuando iniciaron el proceso comunicaron, de forma adrede, un domicilio que no era el mío. Sabiendo que yo tenía un domicilio diferente, le comunicaron al juzgado un domicilio que no correspondía y entonces todo el proceso se dio sin que yo pudiera tomar conocimiento, sin que me pudiera defender ni pudiera presentar testigos ni pruebas», agregó en diálogo con Escuchá Página/12.

«La empresa, con esta mala fe, logró que haya un fallo judicial planteando que me suspendieran la tutela gremial, y la empresa aplica una sanción de 15 días de suspensión. Obviamente esto es un ataque no solo contra el derecho a huelga de los trabajadores sino contra la propia organización y los individuos que venimos desde hace muchos años denunciando la situación del subte, con los trabajadores y los usuarios expuestos a materiales cancerígenos como el asbesto, con trenes que tienen más de 70 años y sin inversión, lo que convierte al subte en una bomba de tiempo», continuó.

«En vez de ofrecer una solución a estos problemas persiguen a quienes denunciamos esta situación, y por eso hemos definido tomar esta medida de fuerza», concluyó Dellecarbonara.