Por Lennis Quispe

Tras la contundente movilización del día lunes y fuertes represiones, la COB fue sorprendida está madrugada con el secuestro de 4 mineros de base y uno de sus dirigentes.

 El decreto y el inicio del conflicto

   A mediados de diciembre, el gobierno boliviano avanzó con un decreto supremo que eliminó las subvenciones estatales a la gasolina y el diésel, una política vigente desde hacía más de dos décadas. La medida implicó aumentos abruptos en los combustibles, con impactos inmediatos sobre el transporte, los alimentos y los servicios básicos, profundizando el deterioro del poder adquisitivo de amplios sectores populares.   

   Campesinos, trabajadores de la educación, mineros y organizaciones sindicales denunciaron que el ajuste reaía directamente sobre la población trabajadora mientras se preservaban los intereses de los sectores concentrados. En los días posteriores, comenzaron protestas, paros sectoriales y pronunciamientos de rechazo, que fueron confluyendo en una convocatoria nacional impulsada por la Central Obrera Boliviana bajo la consigna “Bolivia no se vende”.

 La marcha hacia La Paz y la masividad popular

   A comienzos de enero, miles de manifestantes iniciaron una marcha desde Calamarca hacia La Paz, recorriendo decenas de kilómetros durante tres días consecutivos. A lo largo del trayecto, la movilización fue creciendo con la incorporación de delegaciones campesinas, docentes urbanos y rurales, mineros y organizaciones sociales de distintas regiones del país. La protesta no solo expresó el rechazo a la suba de los combustibles, sino también una crítica más amplia al rumbo económico y a la forma de gobernar mediante decretos, sin debate social ni consenso popular. Al llegar a las inmediaciones de La Paz y El Alto, la marcha se transformó en una concentración multitudinaria que tensionó el escenario político nacional, evidenciando el nivel de descontento social frente a las políticas de ajuste.

 Represión, diálogo fallido y profundización de las medidas

   El ingreso de las columnas a la ciudad estuvo marcado por un fuerte operativo policial, con intentos de impedir el avance hacia las zonas centrales y episodios de represión que incluyeron gases lacrimógenos y enfrentamientos. En paralelo, el Gobierno convocó a instancias de diálogo, pero dejó en claro que no estaba dispuesto a derogar el decreto, sino apenas a introducir modificaciones parciales. Esta postura fue rechazada por las organizaciones movilizadas, que insistieron en la abrogación total de la medida.

   Tras el fracaso de las negociaciones, la Central Obrera Boliviana anunció la profundización del plan de lucha, con bloqueos de rutas a nivel nacional desde las 00hs del 06/01, nuevas movilizaciones y la posibilidad de avanzar hacia un paro de alcance nacional, en un contexto de creciente conflictividad social que sigue abierto y sin resolución a la vista. Si bien el gobierno anuncia el llamado al «diálogo » vuelve atacar como quien pega por la espalda a atracción, al ordenar a las fuerzas armadas el secuestrar a 4 mineros de las bases de la COB y a su dirigente ejecutivo durante esta madrugada, el secuestro se efectuó en los lugares de descanso de los mineros (alojamiento/hospedaje) dónde fueron sorprendidos mientras dormían tras los tres días intensos de marchas.

   Así también denuncian los más de 20 detenidos arbitrariamente. Lo que él gobierno justificó como «operativos de rutina » ante los secuestros de los mineros.

   Una de las primeras víctimas del decreto 5503 Es la reserva nacional de flora y fauna única de bosques nublados por dónde pasa el rio Tarija. Tras este decreto 5503 es entregada por el gobierno a proyectos petroleros (Petrobras), la reserva de Tariquia situada en el departamento de Tarija Bolivia.