Por Eric Campos, Secretario General Central Unitaria de Trabajadores

En distintos lugares del mundo, hemos visto el resurgimiento de proyectos neofascistas y autoritarios que buscan desmantelar derechos fundamentales y erosionar los avances civilizatorios conquistados en las últimas décadas. Estas fuerzas promueven una visión de sociedad donde el poder económico no tiene contrapesos, la organización sindical es atacada y el disenso es criminalizado.

En Chile, esta dinámica se expresa en el bloqueo sistemático de reformas esenciales, con una derecha que, aunque en disputa interna permanente, mantiene una acción coordinada cuando se trata de frenar cambios estructurales. Para ello, utiliza su influencia en el Parlamento, su red de protección entre los grandes grupos empresariales y su poder sobre el sistema medial, instalando un discurso que busca paralizar cualquier intento de transformación.

A esto se suma la persistencia de una mirada neoliberal que no solo es defendida por la oposición, sino que también permea a sectores del gobierno. En esta visión, el equilibrio macroeconómico es tratado como un dogma inamovible, aun cuando implique ajustes fiscales que afectan directamente la salud, la educación y los derechos laborales.

La idea de que la estabilidad económica debe sostenerse sobre la contención del gasto público ha llevado a que las y los trabajadores sean quienes paguen las consecuencias de una crisis que no generaron, mientras se mantienen intactos los privilegios de los grandes capitales.

Frente a este escenario, no basta con resistir. Es necesario disputar la hegemonía cultural que la derecha neofascista y autoritaria intenta consolidar, desmontar el miedo como herramienta de control y construir un horizonte de transformaciones que devuelva la esperanza a la ciudadanía.

Durante demasiado tiempo, el miedo ha sido el principal instrumento para frenar los cambios: miedo al desempleo, miedo a la crisis, miedo a la inseguridad. Pero el miedo es contagioso, y en esa lógica de parálisis y desesperanza, es donde las fuerzas más reaccionarias han construido su discurso y han crecido políticamente.

Nuestro desafío es distinto: llamamos a contagiar la valentía y la alegría de construir un país más justo, de creer que otro modelo de sociedad es posible y de sostener que los cambios no son solo una promesa electoral, sino una hoja de ruta concreta para mejorar la vida de las y los trabajadores.

Porque un programa de transformaciones no puede ser solo un documento que se usa para ganar elecciones; debe ser un horizonte de unidad y lucha, una herramienta para movilizar y devolver la confianza en la política como un espacio de transformación real.

Por eso, este 3 de abril nos movilizamos con demandas claras que buscan mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores. Exigimos el fortalecimiento de la negociación colectiva a nivel de rama productiva, la implementación efectiva de la jornada laboral de 40 horas en el sector público y el fin de la persecución sindical promovida por la Contraloría.

Demandamos también un salario que garantice condiciones de vida dignas y el derecho a sala cuna universal para todas y todos los trabajadores.

En materia de vivienda y seguridad, exigimos control de precios en los arriendos y el fin de la especulación inmobiliaria, junto con medidas concretas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en nuestros barrios.

Además, el fortalecimiento de la salud pública es una prioridad ineludible, con el fin de las listas de espera y la garantía de acceso a una atención digna.

Las alzas en las cuentas de electricidad, la privatización de los servicios básicos y el abuso en la fijación de tarifas deben terminar. Por ello, exigimos propiedad pública y soberana sobre recursos esenciales como el agua, la electricidad y el transporte público.

Asimismo, es urgente un sistema de seguridad social justo, financiado con un impuesto a los grandes patrimonios, que permita una Pensión Garantizada Universal digna y el fin del actual sistema de AFP.

Finalmente, no olvidamos el compromiso con la justicia y los derechos humanos. No podemos permitir el negacionismo ni la impunidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la revuelta social. La memoria y la verdad son pilares fundamentales de una democracia real y no concesiones a negociar.

En tiempos de incertidumbre, el mayor riesgo es la parálisis. Cuando los derechos son amenazados y la precarización avanza, el deber de las y los trabajadores es organizarse y actuar. No dejemos que el miedo dicte el futuro.

Este 3 de abril, la movilización no es solo un acto de protesta, sino un llamado a construir un país donde el desarrollo no sea solo un indicador económico, sino una realidad que beneficie a todos y todas.