Por Fabiola Martínez y Lilian Hernández

La candidata ganadora, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y Verde, obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos (59.75 % del total); Xóchitl Gálvez, de la opositora Fuerza y Corazón por México, 16 millones 502 mil 697 (27.45 %), y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), 6 millones 204 mil 710 sufragios (10.3 %).

La votación fue dividida, como suele ocurrir en esta sala superior desde diciembre pasado, esta vez por cuatro votos contra dos. De esa forma el tribunal dejó intactos los cómputos del INE.

La oposición presentó 240 juicios de inconformidad contra esta elección, que fueron clasificados en 233 expedientes, pero sólo 155 fueron analizados. Los 78 restantes, interpuestos por MC, PRD, uno del PAN y otro de un ciudadano, fueron desechados, ya sea porque ingresaron al tribunal a destiempo, no llevaban firma autógrafa o, como en el caso del partido naranja, debido a que no fueron tramitados por el representante local correspondiente.

Para su revisión, los juicios fueron divididos entre las cinco magistraturas actuales. La sexta, de Claudia Valle, presidenta de la sala regional Monterrey, fue llamada para incorporarse hace unos días, como alternativa destinada a alcanzar el quorum legal para calificar la elección presidencial.

Y cuando se pensaba que sería una sesión de trámite, cuatro de los seis, Mónica Soto (presidenta), Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, así como Valle, se opusieron a anular la votación de 71 casillas, como lo proponían los proyectos de Reyes Rodríguez y Janine Otálora.

Por más que ambos dijeron que quitar votos (algo más de 30 mil) no afectaría en nada el resultado general y, sobre todo, que debían resolver «con sentido común», sus colegas rechazaron la propuesta.

La mayoría expuso que el PRD alegó irregularidades en miles de casillas, pero no las probó. Ejemplificaron con el argumento de que la votación fue recibida por personas distintas a las autorizadas por el INE, pero en la impugnación no había nombres de los ciudadanos suplantados ni de los que operaron.