El Siglo Diciembre 26, 2024
Durante décadas, familiares de las víctimas, agrupaciones de derechos humanos, y organizaciones de la sociedad civil, vienen exigiendo el esclarecimiento del paradero de más de mil chilenas y chilenos desaparecidos y planteando que, sobre todo, las Fuerzas Armadas y Carabineros deben entregar toda la información que posean sobre los casos de esas personas y su destino.
Es así que durante la presentación del informe, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, recalcó que el Plan Nacional “es una obligación del Estado” y que “también es la respuesta que nos debemos como país”.
La reivindicación “Verdad y Justicia” se volvió a escuchar en estos días cuando se informó de los esfuerzos que se hacen por encontrar los restos de detenidas y detenidos desaparecidos.
Ahora se conoció este primer Reporte de Avances del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, un plan que se inició hace un año aproximadamente y que busca establecer las circunstancias de desaparición forzada y ejecución política de miles de personas durante la dictadura civil-militar en Chile.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, declaró que el plan no sólo está orientado a la identificación forense: “Tenemos obligaciones en materia de memoria, de garantías de no repetición”, subrayó.
Un nuevo factor que se ha resaltado, es el de “sitios de interés”, en base a un mapa georreferencial de trayectorias de las víctimas y que permite identificar el lugar en el que se encontraban detenidas hasta que se les pierde el rastro. “El catastro de sitios de interés se construye con información de distintas instituciones y entidades, así como familiares, agrupaciones e informaciones entregadas por la ciudadanía. Esto es un instrumento dinámico que ante nuevos antecedentes podrá incorporar nuevos lugares a los planes de trabajo”, explicó el ministro Gajardo.
De estos sitios de interés, son 52 los contabilizados a lo largo del país, de los cuales 31 tienen investigaciones en curso, en seis se iniciará el proceso investigativo en los próximos días y en los primeros meses del próximo año se dará inicio al proceso en los 15 restantes.
En la presentación del primer Reporte de Avances del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, efectuada en la Casa Central de la Universidad de Chile, participaron Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla y la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.
En la presentación se hizo referencia a la conformación de la nueva Área de Búsqueda y Trayectoria; la realización de más de 40 diligencias en sitios de interés durante 2024, la identificación de más de 36 mil unidades documentales en archivos públicos, la participación de más de 1.200 familiares en encuentros desarrollados en todo el país y la creación de un Comité de Seguimiento.
El ministro Gajardo subrayó la importancia de esta política pública, que “nos va a permitir por primera vez tener una Página Web con la nómina oficial de todas las personas detenidas desaparecidas. Asimismo, en esa página van a poder encontrar un mapa georreferenciado de las 1.469 personas detenidas desaparecidas que tenemos en nuestro país y que arrojó la dictadura militar”.
Explicó que “este mapa georreferenciado nos permite identificar las trayectorias de estas personas, es decir, cuándo fueron detenidas, en qué lugar fueron detenidas, algún relato en relación de cada una de estas personas y luego ir identificando los puntos en los cuales estas personas fueron trasladadas tanto para lugares de tortura, de prisión política, de ejecución política, hasta donde lamentablemente les perdemos el rastro. Esta es una información consolidada, pero además una información que la dejamos a disposición de toda la ciudadanía para que todos los chilenos y chilenas sepan lo que ocurrió en nuestro país durante la dictadura militar”.
La subsecretaria Quintanilla presentó la nueva plataforma digital que permitirá transparentar información y facilitar el acceso a datos relevantes para la ciudadanía. Expuso que “a través de herramientas tecnológicas y la sistematización de datos, será posible cruzar millones de hojas de información provenientes de procesos judiciales y archivos documentales, entregando una base sólida para la investigación, la memoria y la garantía de no repetición”.
Añadió que “la plataforma fortalece la transparencia en el acceso a información y nos permitirá ir dando cuenta periódica de cada una de las acciones que realizamos. Además, se constituye como un repositorio oficial desde el Estado de Chile respecto a toda la información que tenemos sobre cada una de las víctimas de desaparición forzada en la dictadura civil militar. Esperamos que esta información sea también un recurso pedagógico, accesible para universidades, comunidades educativas y la sociedad en general, asegurando que el esfuerzo colectivo por la verdad y la justicia sea parte de nuestra memoria histórica”.
La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, indicó que “es para nosotros prioritario aportar a los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda, asegurando que este esfuerzo se lleve a cabo en un marco de formación, porque no basta sólo con defender los derechos humanos, sino que debemos educar para esa defensa”. “Uno de los desafíos de la educación en el presente es dotarla de un sentido profundo capaz de movilizar y potenciar todas las capacidades de las personas. El vínculo formativo con el Plan Nacional de Búsqueda no solo profundiza la comprensión sobre un fenómeno que nos interpela como humanidad, sino además nos compromete con la defensa de los valores fundamentales, que trascienden el ámbito del desarrollo personal”, añadió.
Las autoridades coincidieron en la relevancia que ha tenido el rol de las agrupaciones de familiares en el desarrollo y ejecución del Plan Nacional de Búsqueda, para orientar prioridades, aportar información valiosa y mantener viva la memoria histórica de las víctimas, permitiendo la creación de esta política pública y los avances alcanzados en este primer año.
