Aunque el funcionario rehusó dar detalles sobre los reportes que habría tenido al respecto, mencionó que «desde la ruptura de los diálogos con las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hay una estrategia constante que busca la protección de la integridad del presidente», una insinuación de que la amenaza a la vida del mandatario provino de dichos grupos.
Petro, primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ha estado amenazado desde antes de llegar a la Casa de Nariño, pero los amagos contra él y su entorno surgían de la derecha oligárquica y paramilitarista, opositora a los proyectos de justicia social y promoción de la paz que han sido las principales banderas del ex alcalde de Bogotá.
En enero de 2023, un artefacto explosivo fue colocado en el camino que lleva a la casa de la vicepresidenta Francia Márquez, activista de larga trayectoria y primera persona afrodescendiente en alcanzar ese puesto. Márquez ya había sufrido un atentado con granada y fusiles en 2019 por su labor en la defensa del medio ambiente.
En marzo, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia, Augusto Rodríguez, fue víctima de un ataque del que salió ileso. En mayo del mismo 2023, el ex director de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (Acore), John Marulanda, aseguró que los efectivos en reserva harán lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero, en referencia a Petro, quien perteneció al M-19.
Es necesario recordar que dicha organización se desmovilizó de manera voluntaria y se integró a la vida institucional, pero sus antiguos integrantes fueron sistemáticamente exterminados por paramilitares y otras expresiones de la ultraderecha, ante la inacción cómplice de las autoridades.
En este contexto, ningún riesgo para la vida del Ejecutivo puede tomarse a la ligera, venga de donde venga. No puede olvidarse que fue un magnicidio, el del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán en 1948, el que agudizó las atrocidades del periodo conocido como La Violencia, en el que las agresiones sectarias dejaron hasta 300 mil muertos y 2 millones de desplazados en un país que entonces contaba con 11 millones de habitantes.
Además de la protección que merece toda vida humana, la integridad física del mandatario debe ser preservada por el bien de la estabilidad en un escenario de gran polarización política y de intenso golpeteo por parte de la rancia oligarquía que sigue controlando gran parte del territorio y la abrumadora mayoría de los medios de comunicación.
De confirmarse que las disidencias de las FARC planean atentados contra Petro, no sólo se trataría de un hecho inaceptable en sí mismo, sino de un absurdo error de cálculo que no puede traer nada positivo ni para Colombia ni para las facciones guerrilleras.
Cabe desear que se desactive todo peligro de violencia política y que los grupos armados de todo signo transiten los cauces institucionales hacia la paz, pues el pueblo colombiano no merece una prolongación de los conflictos que le han infligido tantos daños.