Los expertos involucrados en el análisis exhaustivo de los hechos, desde el 7 de octubre pasado hasta inicios de mayo, pertenecen a la Red Universitaria de Derechos Humanos; las clínicas internacionales de Derechos Humanos adscritas a facultades de las universidades de Boston y de Cornell; el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria y el Proyecto Lowenstein, de Yale.

   Según un comunicado del equipo, la investigación se sitúa en el contexto histórico pertinente, en un conflicto israelo-palestino de varias décadas.

   Desde la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948, y la interpretación de las cortes y tribunales internacionales, es posible hablar de genocidio cuando el perpetrador lleva a cabo una matanza, lesión grave o sometimiento intencional de un grupo humano al punto de acarrear su destrucción física, total o parcial; con intención de desaparecerlo.

   Tras examinar los hechos descritos por observadores independientes de derechos humanos, periodistas y organismos de las Naciones Unidas, el equipo de juristas coincidió en declarar las acciones de Israel desde el 7 de octubre de 2023 como violatorias de dicha Convención y, por tanto, tipificaron el delito de genocidio contra la población en Gaza, quienes conforman parte substancial del pueblo palestino.

   Su informe detalló cómo al menos el cinco por ciento de la población gazatí fue víctima de una agresión evitable (34 mil 568 muertos y 77 mil 765 heridos hasta el 1 de mayo).

   Especial relevancia concedió a que el dos por ciento de la población infantil en la Franja hubiera muerto o sufrido heridas en esos seis meses (eran 14 mil 500 en el momento del estudio, hoy son más de 15 mil).

   De acuerdo con sus valoraciones, la entidad de ocupación asesinó a más niños en los cuatro primeros meses que en todos los conflictos del mundo de los últimos cuatro años combinados.

   Recalcó el informe también cómo las fuerzas israelíes mataron a palestinos sin consideración de su condición de personas protegidas por el derecho internacional, como periodistas, profesionales de salud y funcionarios internacionales.

   “El número de miembros del personal de la ONU asesinados en los bombardeos alcanzó un grado nunca visto en la historia», enfatizó con alarma el documento del equipo interdisciplinario.

   Además evaluaron la destrucción del 70 por ciento de las viviendas del enclave palestino, y el fuerte impacto exprofeso en todas las infraestructuras civiles, incluidos hospitales, escuelas, universidades, instalaciones de la ONU y lugares de patrimonio cultural y religioso.

   “La ofensiva militar israelí dejó, hasta el momento, una desgarradora cifra de 1,7 millones de civiles desplazados: más del 75 por ciento de la población de Gaza”, significaron los expertos en Derecho Internacional.

   En añadidura, la población civil enfrenta niveles catastróficos de hambre y desabastecimiento. ocasionado por el propio agresor, quien, lejos de asegurar el acceso a elementos esenciales para la vida, como alimentos, agua, medicamentos y combustible (como es su responsabilidad como ente ocupante), restringe su acceso y ataca los convoyes de ayuda humanitaria.

   Tales actos criminales fueron motivados por una intención de limpieza étnica de la Franja, y por tanto se caracterizan como genocidio, aseveraron los participantes en el análisis.

   Su afirmación se basa en declaraciones públicas de los dirigentes israelíes, reforzadas en los patrones de conducta de las fuerzas militares israelíes durante los bombardeos y la penetración terrestre en Gaza.

   La relación directa entre las expresiones del Estado y sus acciones reafirma “la deshumanización y crueldad flagrantes e inequívocas contra los palestinos en Gaza y en otros lugares”, y un explícito uso del poder, desde el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para exterminar a los palestinos como grupo.

   El informe documenta sus hallazgos sobre una amplia gama de fuentes fidedignas, desde las Naciones Unidas, organismos de ayuda humanitaria, investigaciones de organizaciones de derechos humanos, informes de medios de comunicación, declaraciones y testimonios públicos.

   Su redacción dejó explicito además, la historia del genocidio israelí, resultado de procesos y prácticas desarrollados a lo largo del tiempo, hasta desembocar en el ensañamiento contra Gaza en la actualidad.

   “Las violaciones por parte de Israel de la prohibición legal internacional del genocidio constituyen graves infracciones a normas imperativas del derecho internacional que deben cesar de inmediato”, concluyó el documento.

   De igual modo. esclareció las obligaciones de todos los demás Estados, como abstenerse de reconocer las acciones israelíes como legales en ningún modo, evitar actuar en complicidad para facilitar tales crímenes y tomar medidas positivas para suprimir, prevenir y sancionar nuevos actos genocidas por parte del ente sionista contra el pueblo palestino.

   Entre la finalización del documento y su publicación, la comisión recibió reportes sobre atroces abusos en la ciudad meridional de Rafah y otros lugares de la Franja, donde más de un millón de palestinos buscan refugio, hechos que acentúan la urgencia de acciones de la comunidad internacional, según demandaron los expertos.