Mientras representantes de los gobiernos se reúnen bajo el lema “Innovación, Inclusión y Sostenibilidad”, organizaciones sociales se dan cita en un encuentro alternativo para exigir un cambio en las políticas que afectan a los sectores populares y a la naturaleza.

   El vicepresidente del Frente Popular, Ricardo Naranjo, considera que la Cumbre oficial se desarrolla con una ausencia de mandatarios, lo cual le resta legitimidad como para definir políticas públicas.

   Los participantes en la Contra Cumbre tienen prevista una movilización por las calles de Cuenca, una urbe donde hay un aumento de uniformados a propósito del evento oficial.

   Con el objetivo de garantizar la seguridad de la cita iberoamericana, la Policía Nacional cuenta con dos mil 400 policías desplegados en la ciudad.

   Ante los anuncios de marchas, el alcalde, Christian Zamora, amenazó a los manifestantes y dijo que las protestas debían ser lejos de la sede de la Cumbre.

   Rubén Lema, presidente de la Unión Nacional de Educadores de Azuay, declaró a la emisora Radio Pichincha que el gobierno deberá mostrar sensatez y permitir que las demandas de los pueblos sean escuchadas sin represión.

   Tras la discusión en mesas temáticas, los participantes en la Contra Cumbre adoptaron una serie de resoluciones, entre ellas la defensa de la educación pública en todos sus niveles, la unidad de las organizaciones sociales y la exigencia de un seguro social universal

   También reclamaron a la Contraloría General del Estado una auditoría integral de las concesiones mineras entregadas por el Gobierno y rechazar la ampliación de las actividades extractivas.