Por Marta Martín

   Glas, fue vicepresidente del gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017. Leal siempre al presidente que dio luz a Ecuador, sacando al país de la larga noche neoliberal en la que estaba sumido, ha sido objeto de un calvario, convertido en un lawfare de libro.

   El acoso y persecución al que se ve sometido el correísmo desde 2017 solo responde al miedo de unas élites económicas que nunca perdonaron al presidente Correa el hacerles perder los privilegios de los que habían gozado hasta la llegada al poder del mandatario progresista.

   Con la llegada de Lenín Moreno, quien fuera vicepresidente del gobierno de la Revolución Ciudadana de 2007 a 2013, se instauró en el país un régimen de persecución política y judicial contra el presidente Correa y sus colaboradores, haciendo que el exmandatario se tuviera que refugiar en Bélgica.

   Elaboraron acusaciones y condenas por corrupción sin pruebas o con manipulación de las mismas, como ocurre con el Caso Odebrecht, contra el presidente Correa y el vicepresidente Glas, llegando incluso el Lawfare Institute en 2018 a emitir el informe por el que quedaba claro que la situación que vivían ambos líderes era objeto de persecución judicial, sin ningún tipo de duda.

   A pesar de todo, Jorge Glas fue encarcelado durante cuatro años y medio, saliendo en libertad en 2022 gracias a un recurso de Habeas Corpus por motivos de salud.

   Si Moreno inició la destrucción del Estado y de las conquistas sociales alcanzadas por el correísmo, esa destrucción continuó con Lasso y se afianza ahora con Daniel Noboa, hijo del magnate Álvaro Noboa, quien se está convirtiendo en un nuevo Bukele de un Ecuador cada vez más violento que se enfrenta a una grave crisis de seguridad.

   El asalto a la Embajada mexicana y el secuestro de Jorge Glas vulneran las convenciones latinoamericanas sobre refugio y asilo diplomático e incumplen, de forma flagrante, la Convención de Viena de relaciones diplomáticas, al atacar la inviolabilidad de un edificio diplomático.

   Y si la “Comunidad Internacional” permanece impasible e indulgente ante estos hechos, como lo hace con el genocidio en Gaza, quedará certificada la muerte del derecho internacional.

   Si el vicepresidente Glas continua secuestrado de forma ilegal y arbitraria, según ha reconocido el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Corte Nacional de Justicia que ha aceptado la acción de Hábeas Corpus, se estará sentando un grave y peligroso precedente que dará más poder a los largos tentáculos de la persecución política contra líderes progresistas en América Latina.

   Y ante la gravedad del asunto, ¿qué hará la “Comunidad Internacional”?

   Hemos visto las tímidas denuncias por parte de la OEA o de EEUU. Pero ¿qué papel está dispuesta a jugar la Unión Europea ante un hecho que podría enterrar el derecho internacional? La UE debería activar todos los mecanismos de presión para conseguir la liberación de Jorge Glas, como han reclamado en Bruselas el presidente Correa y el eurodiputado de IU, Manu Pineda.

   De lo contrario, esta será una muestra más de la decadencia de nuestras sociedades en la protección de los derechos humanos, algo que con solo mirar a Gaza, por desgracia, no nos sorprenderá a nadie.