Al respecto, Bayano digital reproduce el texto del comunicado en el que se convoca al ejercicio de la solidaridad a favor de la población vulnerada:

Las redes integrantes del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral del CELAM (CEPRAP), y organizaciones de sociedad civil y defensoras de DDHH de América Latina adscritas a la Comunidad de Protección, expresamos nuestro profundo dolor, indignación y solidaridad ante las graves denuncias que claman desde Panamá, particularmente en las regiones donde las comunidades están siendo violentamente reprimidas en el contexto de la protesta social.

Expresamos nuestra adhesión y respaldo a la Iglesia Católica en Panamá en su esfuerzo decidido por crear puentes de acercamiento entre las autoridades y las organizaciones que exigen ser escuchadas, para abrir caminos hacia la superación de esta crisis.

Con suma preocupación recibimos testimonios -consistentes y reiterados- que evidencian abusos sistemáticos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado panameño, entre ellos: detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza, vejaciones, amenazas con armas, incursiones a viviendas con gases lacrimógenos, y ataques directos a población civil -incluyendo a niños, adultos mayores y personas que no participaban de las manifestaciones. Estos actos constituyen violaciones graves a los derechos humanos, contrarias a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, que exige proteger la vida y la dignidad humana incluso en contextos de conflictividad social.

Nos causa particular alarma la situación denunciada en Bocas del Toro, por su gravedad y magnitud, con consecuencias físicas y psicológicas permanentes, que no pueden quedar impunes. La represión ejercida, con especial dureza, contra pueblos indígenas y liderazgos comunitarios bajo el argumento de “restaurar el orden” constituye un retroceso alarmante en la garantía de los derechos colectivos, culturales y territoriales de los pueblos originarios.

Frente a estos hechos, hacemos un llamado urgente:

-Al Estado panameño y a sus instituciones, a cesar de inmediato toda forma de represión, garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y abrir espacios de diálogo genuino y transparente.

-A la Defensoría del Pueblo de Panamá, a actuar con firmeza y conforme a su mandato constitucional, centrando su labor en la defensa de los más vulnerables y evitando acciones que contribuyan a deslegitimar sus justas denuncias.

-A los organismos internacionales, incluyendo la CIDH, OACNUDH y otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, a enviar misiones de observación, documentar las violaciones y activar los mecanismos pertinentes de protección internacional.

-A los pueblos de América Latina y el Caribe, a manifestar su solidaridad activa con el pueblo panameño, en especial con sus comunidades indígenas, iglesias comprometidas con la justicia, y defensoras y defensores de los derechos humanos.

Nos sumamos a las voces que claman en Panamá: “Desarmar palabra y corazón” para construir caminos de solución orientados al bien común, y no a intereses particulares.

Como creyentes en la justicia, la paz y la dignidad de toda persona, no permaneceremos en silencio ante la injusticia.