Según se detalla en un escrito con una batería de preguntas dirigidas al gobierno por parte de algunos diputados de Sumar, se trata de “un contrato con valor de 289.256,2 euros para la empresa PAP Tecnos, filial de la compañía israelí “Rafael Advanced Defense Systems LTD”.
Según desgrana el escrito de los diputados, es la primera concesión este año a la empresa PAP Tecnos, pero sin embargo en 2023 se formalizaron cuatro contratos con esta empresa y otro contrato de más de 207 millones de euros en abril de 2024 con la empresa matriz Rafael.
“Estas asignaciones -dicen los diputados en el escrito- contravienen el acuerdo de Gobierno de cesar la compra y venta de armas con Israel, que incluyen la no adjudicación de contratos relacionados con su sector de la Defensa ni sus empresas.
El genocidio que se está llevando a cabo en Gaza no debe de ninguna de las maneras contar con el apoyo del Gobierno de España, sea a través del comercio directo o de la adjudicación de contratos”.
Igualmente Enrique Santiago, secretario general del PCE y uno de los diputados firmante del escrito, declaraba en su cuenta de la red social X , que “España debe cumplir estrictamente su compromiso de no comprar ni vender armas, ni servicios de defensa o seguridad a empresas vinculadas al genocidio cometido por Israel en Gaza”.
Por todo ello, dirigen una serie de preguntas al gobierno para conocer en qué órgano se ha autorizado la adjudicación de los contratos a PAP Tecnos y Rafael; si consideran que estos contratos contradicen las declaraciones previas sobre el cese de relaciones comerciales con el sector de la Defensa de Israel; si se van a anular los contratos con esas dos empresas y qué medidas piensan tomar para que no se realice ningún otro contrato del sector armamentístico con esas empresas u otras relacionadas con el sector de la Defensa israelí.
