Sólo dos días después de que aterrizara en Madrid el ex candidato presidencial derrotado Edmundo González Urrutia, el Congreso de los Diputados aprobó con el voto de las derechas una proposición no vinculante en la cual se insta al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez a reconocerlo como mandatario «electo y legítimo» de Venezuela.

   Así, en apenas 48 horas el líder golpista reveló las verdaderas intrigas que lo llevaron a Europa y la desvergüenza con que miente a la opinión pública de su país y del mundo: tras expresar su deseo de cambio y de que se abra una nueva etapa, afirmar que tiende la mano a todos, que busca un rencuentro de sus compatriotas mediante el diálogo y que el futuro venezolano sólo puede transitar por el camino de la realización de la voluntad popular; tras todas esas manifestaciones de buena voluntad, azuzó o cuando menos permitió a poderes foráneos emprender acciones hostiles contra Venezuela e impulsar que sea un grupo de piratas ibéricos quien designe al gobierno venezolano.

   Aunque -con la excepción del Partido Nacionalista Vasco- el bloque parlamentario gobernante se opuso a esta medida y el canciller José Manuel Albares ha intentado rebajar las tensiones, los hechos muestran que la postura de la administración centroizquierdista es más cercana al injerencismo que al respeto a la autodeterminación de los pueblos y los principios de no intervención.

   El propio Sánchez cometió una imprudencia injustificable al recibir a González en la sede del Gobierno, mientras su ministra de Defensa transgredió cualquier límite al llamar «dictadura» a las autoridades constitucionales venezolanas.

   La insolencia, el paternalismo y la persistencia de una mentalidad colonialista hacia una región que se sacudió su dominio hace dos siglos siguen dominando el tratamiento de la mayor parte de los políticos (y, tristemente, de la ciudadanía) hispanos hacia América Latina, y la ultraderecha fascista que ha recobrado carta de naturalidad en años recientes ha hecho de la nostalgia imperial una de sus principales banderas.

   Para no ir más lejos, ayer un organismo del partido franquista Vox lanzó una serie de acusaciones inadmisibles en torno a la reforma al Poder Judicial mexicano, en las cuales se manejan unos conceptos tan desfasados que mueven a la risa tanto como a la indignación. De acuerdo con este delirio macartista, la reforma fue ideada por «agentes cubanos y venezolanos» con el objetivo final de «convertir México en una dictadura idéntica a las de Cuba, Nicaragua y Venezuela» e instaurar un Estado socialista. Llegan incluso a llamar a los ciudadanos a rebelarse, pues de lo contrario serán «sometidos a una tiranía castro-comunista».

   El ejemplo anterior deja claro tanto la pérdida de contacto con la realidad por parte de las derechas españolas como la ligereza con que ignoran la soberanía latinoamericana.

   Sin embargo, la fijación con el caso venezolano revela que se trata de una cuestión aparte, en la que los reflejos neocoloniales se mezclan con el verdadero objeto de las disputas entre el chavismo y los golpistas financiados y capacitados en Estados Unidos y Europa: la lucha por determinar si las reservas de petróleo más grandes del planeta serán controladas por el pueblo venezolano o por trasnacionales foráneas.