Pese a que horas antes de su comparecencia ante la prensa Israel asesinó a 17 niños y dos mujeres en un solo ataque contra la ciudad gazatí de Rafah, el funcionario decidió resaltar los problemas para la libertad de expresión en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Rusia.

Doble paradoja: la decisión de centrarse en el tema del derecho a manifestar ideas se dio en momentos en que las universidades de Columbia y Yale, dos de las más elitistas y prestigiosas de su país, promueven el arresto de sus alumnos por pronunciarse contra el genocidio que Tel Aviv perpetra contra el pueblo palestino.

No se trata de que todo lo que dice el informe sea falso. Sobre México, al que dedica 58 páginas, refiere que la independencia del Poder Judicial deja mucho qué desear, pues los fallos de los jueces se ven influidos por la iniciativa privada y el crimen organizado, situación de la cual los mexicanos están al tanto.

Asimismo, señala que los togados han liberado a decenas de implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un hecho que se ha denunciado en este espacio.

Por otra parte, reconoce los avances en la implementación de reformas laborales, gracias a las cuales los trabajadores están superando obstáculos para organizarse y empezar a mejorar sus condiciones de trabajo.

El problema del reporte radica en los énfasis y los silencios; en los temas sobre los que se explaya y aquellos que repasa a toda velocidad; los que analiza de manera minuciosa y los que mira de reojo.

Más allá de las formas, la cuestión de fondo es la falta de legitimidad de los autores del estudio: es de un cinismo monumental el que el mayor vendedor de armas, el país con el porcentaje más elevado de su población tras las rejas, el que se ha involucrado en más guerras en el reciente siglo, viola cada minuto el derecho a la petición de asilo, mantiene prisioneros sin juicio desde hace más de dos décadas en Guantánamo (un territorio, además, usurpado a Cuba), el único que ha usado la bomba atómica contra seres humanos, el mayor organizador de asonadas militares y derrocador de gobiernos democráticos, se arrogue la facultad de calificar el desempeño en materia de derechos humanos en el resto del planeta.

La hipocresía que rezuma el texto retrata a la clase política estadunidense, que con una mano impone sanciones unilaterales e ilegales a quienes no se pliegan a sus designios, y con otra envía miles de millones de dólares en armamento para prolongar el sufrimiento del pueblo ucranio en la guerra subrogada que la OTAN mantiene contra Rusia, así como para alimentar la maquinaria genocida de las fuerzas armadas israelíes.

Resalta el impudor con el que Blinken descarta un doble rasero de Washington y afirma que, cuando analizamos la situación de los derechos humanos en todo el mundo, aplicamos el mismo estándar a todos; lo cual no cambia si el país en cuestión es un adversario o rival, un amigo o un aliado.

Esto, mientras su país veta de manera sistemática las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que intentan brindar un mínimo alivio a la población palestina masacrada sin piedad desde el 8 de octubre pasado.

La discordancia entre la soberbia con que la Casa Blanca reparte condenas sobre la situación de las garantías fundamentales y su carácter de violador de las mismas (tanto dentro como fuera de sus fronteras) revela que el objetivo de estos informes no es aportar datos valiosos para la resolución de los problemas realmente existentes, sino proporcionar a la superpotencia una coartada para sus operaciones injerencistas, además de para controlar el comercio y las finanzas como armas contra rivales geopolíticos y como chantaje permanente a los que llama amigos.