El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense informó que pondrá fin al TPS para Honduras tras determinar que las condiciones en el país ya no justifican la protección migratoria, tal como lo exigía la ley.
La terminación del programa se hará efectiva 60 días después de su publicación oficial en el Registro Federal. Los hondureños amparados por este estatus perderán los beneficios que les permiten trabajar y residir legalmente en territorio estadounidense.
Según el comunicado del DHS, la decisión se basó en la evaluación de condiciones internas en Honduras, entre ellas, una supuesta mejora tras el paso del huracán Mitch.
Las autoridades estadounidenses citaron que el 95 por ciento de la población ahora tiene acceso a agua potable, el 83 por ciento cuenta con acceso a servicios básicos y el 93 por ciento dispone de energía eléctrica.
Asimismo, también se destacaron avances como una inversión extranjera directa de 1.800 millones de dólares entre 2023 y 2024, así como mejoras urbanas en 38 ciudades, planes de gestión de riesgos en 18 municipios y programas de habilitación que, según el informe, han beneficiado a 13 millones de personas.
Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Javier Bu, lamentó públicamente la medida: “Reiteramos nuestro compromiso de acompañar a nuestros compatriotas y abogar por soluciones permanentes que reconozcan su aporte invaluable”.
El funcionario aseguró que el Gobierno continuará defendiendo los derechos de los migrantes hondureños en el exterior.
Además, el vicecanciller de la República, Antonio García, señaló que la cancelación del TPS responde a una política antiinmigrante y que el gobierno de Honduras puede interponer un recurso de impugnación ante un juez para intentar suspender temporalmente la decisión.
García explicó que, aunque el programa es por naturaleza temporal, existen mecanismos legales para prolongar su vigencia, por lo que –como Gobierno– apoyarán los recursos que diferentes organizaciones interpondrán para revertir la medida.
“Lo que queda es apoyar a las organizaciones que con toda seguridad tienen preparado un recurso de impugnación ante un juez, esperando que sea exitoso como lo fue hace una semana con respecto a Haití, cuando un juez suspendió temporalmente la decisión contra el país caribeño; o sea que la vía legal está ahí”, explicó.
Además, extenderán ayuda legal para los hondureños que serán afectados con la revocación del TPS al mismo tiempo que estimó que no esperan un retorno inmediato de los connacionales, ya que algunos podrían optar por otro tipo de visa debido a su buen historial migratorio.
También el director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, aseguró que se ha intentado politizar el tema al vincular la cancelación del TPS con un supuesto deterioro en las relaciones bilaterales entre Honduras y el país norteamericano.
El impacto más fuerte recae sobre Honduras, ya que más de 55 mil personas se benefician del TPS. Aunque Nicaragua también fue incluida en la decisión de cancelación, la comunidad hondureña representa el mayor grupo afectado por esta resolución.
Cabe destacar que el programa fue creado en enero de 1999 por el entonces presidente Bill Clinton como respuesta humanitaria tras el paso del huracán Mitch y durante dos décadas permitió que miles de hondureños trabajaran legalmente en Estados Unidos.
No es la primera vez que el TPS ha estado bajo amenaza; en octubre de 2018, un juez federal en California bloqueó la intención del presidente Trump de eliminar el programa, argumentando que la medida podría causar daños irreparables.
En el fallo, el juez Edward Chen citó expresiones discriminatorias del mandatario como evidencia de rechazo racial en la toma de decisiones migratorias.
