Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habrían presentado testimonios manipulados para justificar arrestos, varios de los cuales ya fueron desestimados por tribunales por falta de evidencia, de acuerdo con una investigación de The Guardian.
El Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem), que representa a familias inmigrantes en California, ha recibido infinidad de denuncias sobre los arrestos de personas en la vía pública, cuando en muchas ocasiones ni siquiera participaban en las manifestaciones, detenciones que se hicieron violentamente.
“Lo que hemos recibido han sido quejas básicamente de cómo fueron los arrestos, de la violencia con que se hicieron, lo grosero que fueron los agentes“, expresó Francisco Moreno, portavoz de Cofem.
De acuerdo con Moreno, muchos de los inmigrantes arrestados fueron aprehendidos sin una orden judicial y con base en perfiles racistas. “Llegaban a cualquier lugar sin saber quién era la persona, simplemente por su perfil racial“, dijo el portavoz de Cofem.
Uno de los incidentes más sonados fue el de Andrea Vélez, ciudadana estadounidense arrestada mientras se dirigía a su trabajo en el centro de Los Ángeles. Ella fue acusada de agredir a un oficial, pero el cargo fue rápidamente desestimado después de revelarse que no había evidencia.
“En el caso de Andrea, que supuestamente estaba interfiriendo con su cuerpo, su bolsa… todos los testigos que vieron ese incidente nos dijeron que eran acusaciones falsas“, explicó el abogado de derechos civiles Luis Carrillo.
De acuerdo con el abogado, como el caso de Andrea, decenas de personas fueron víctimas de arrestos infundados, con tácticas que describió como intimidación, violencia e invención de delitos.
“Muchos casos carecen de pruebas, no tienen fundamentos para enjuiciar a una persona“, aseguró Carrillo.
De nueve casos que se han revelado hasta ahora, siete ya han sido desestimados. Otro fue reducido de felonía a delito menor y solo uno permanece vigente. Estos casos han provocado críticas al fiscal federal del sur de California, Bill Essayli, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump.
Activistas y abogados pusieron en duda la credibilidad de los agentes involucrados, mientras que advirtieron sobre los riesgos de una aplicación de la ley migratoria basada en represalias políticas y racismo sistémico.
Por el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido ninguna respuesta oficial sobre estas denuncias.