Por Marta Martín (*)

A lo largo de dos siglos, esta intervención ha adoptado múltiples formas: invasiones militares directas, golpes de Estado, dictaduras, bloqueos económicos, endeudamiento forzado y, más recientemente, guerras híbridas, sanciones, “lawfare” e injerencia electoral. La constante ha sido siempre la misma: subordinar los intereses de los pueblos latinoamericanos a los imperativos del capital estadounidense y a su hegemonía geopolítica.

   La Operación Cóndor demostró que Washington está dispuesto a recurrir al terrorismo de Estado masivo. La guerra económica puede ser igual de devastadora

   Durante el siglo XX, esta lógica alcanzó su expresión más brutal con la Operación Cóndor, coordinada por Estados Unidos en los años setenta. Se trató de un sistema continental de terrorismo de Estado destinado a eliminar a la izquierda política, sindical y popular mediante el intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas de secuestro, tortura y asesinato, y ejecuciones selectivas fuera de las fronteras nacionales. Con la connivencia directa de la CIA, la Operación Cóndor dejó alrededor de 50.000 asesinatos políticos, más de 30.000 desapariciones forzadas y cientos de miles de personas encarceladas.

   Cóndor no fue solo una campaña represiva: fue el instrumento que permitió la implantación del neoliberalismo en el Cono Sur. El endeudamiento masivo de las dictaduras abrió la puerta a políticas de privatización, desindustrialización y apertura económica tuteladas por el FMI, destruyendo proyectos de desarrollo autónomo y consolidando una dependencia estructural que aún hoy condiciona a la región.

   En el siglo XXI, esta lógica no ha desaparecido; se ha transformado. Hoy se expresa mediante sanciones económicas, militarización, control financiero e injerencia política, envueltas en discursos de «seguridad», «lucha contra el narcotráfico» o «defensa de la democracia». Cambian los métodos, pero el objetivo permanece intacto: impedir que América Latina ejerza soberanía sobre sus recursos estratégicos y sobre su modelo de desarrollo.

   El Mar Caribe, considerado históricamente por Washington como un espacio de control propio, vuelve a ocupar un lugar central en esta ofensiva. Bajo la coartada de la «guerra contra las drogas», Estados Unidos ha intensificado operaciones militares que han derivado en ejecuciones extrajudiciales, abordajes ilegales y ataques contra embarcaciones civiles. La excusa del narcotráfico no es solo una legitimación simbólica: es también la herramienta técnica que permite movilizar la marina estadounidense sin la aprobación del Senado de los EE.UU., otorgando al Ejecutivo carta blanca para intervenciones militares unilaterales. Desde septiembre de 2025 se han registrado más de 20 ataques contra lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico, con al menos 87 personas asesinadas. Estas operaciones no afectan a las grandes estructuras del narcotráfico —integradas en el sistema financiero global—, pero sí permiten controlar rutas marítimas estratégicas, intimidar Estados soberanos y reforzar la presencia militar estadounidense.

   El objetivo prioritario de este dispositivo es Venezuela. Con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, el país ha sido históricamente clave para la seguridad energética de Estados Unidos. La Revolución Bolivariana rompió ese esquema al recuperar el control estatal del sector petrolero y limitar el saqueo de las transnacionales. Desde entonces, Washington ha desplegado una guerra económica sistemática, recrudecida con el regreso de Trump al gobierno: retirada de licencias petroleras, nuevas sanciones contras navieras, persecución financiera de PDVSA y la incautación de petroleros como el VLCC Skipper frente a la costa venezolana.

   Hasta noviembre de 2025, Venezuela acumulaba 1.044 sanciones, convirtiéndose en uno de los países más sancionados del mundo en apenas una década. El objetivo real es forzar un cambio de gobierno que permita a Estados Unidos recuperar el control del petróleo venezolano y lanzar un mensaje disciplinador al conjunto de la región.

   Este patrón no es nuevo. Las mismas excusas utilizadas contra Venezuela —»dictadura», «amenaza humanitaria», «riesgo para la estabilidad»— fueron empleadas para justificar las agresiones contra Iraq, Libia y Siria, tres países con vastas reservas energéticas que se negaron a subordinarse a los intereses imperiales. El resultado está a la vista: destrucción masiva, colapso estatal, cientos de miles de muertos y el saqueo sistemático de sus recursos naturales. Venezuela es el siguiente objetivo en esa misma lista.

   Este castigo se articula con una estrategia regional más amplia cuyo fin último es la derrota de los proyectos soberanos, comenzando por Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de seis décadas ha provocado pérdidas acumuladas superiores a 170.000 millones de dólares. Solo entre marzo de 2024 y febrero de 2025, los daños ascendieron a 7.556 millones, un 49 % más que en el periodo anterior. Condenado casi unánimemente por la ONU, el bloqueo constituye una guerra económica permanente destinada a provocar colapso social, desgaste político y, en última instancia, la caída del proyecto socialista cubano. Cuba sigue siendo el objetivo estratégico final del imperialismo en la región.

   Estados Unidos presiona para que América Latina rompa o limite sus relaciones económicas y tecnológicas con China, Rusia e Irán

   Paralelamente, Estados Unidos presiona para que América Latina rompa o limite sus relaciones económicas y tecnológicas con China, Rusia e Irán. No se trata de una disputa ideológica, sino de hegemonía material. En 2024, el comercio entre China y América Latina alcanzó los 518.470 millones de dólares, consolidando a Pekín como segundo socio comercial de la región y primero en varios países. La oferta china de financiación e inversión sin condicionalidades políticas erosiona los mecanismos tradicionales de dominación imperial basados en el FMI y el Banco Mundial.

   En Argentina, esta disputa se expresó con claridad. Antes y durante las elecciones presidenciales, Estados Unidos y los organismos financieros internacionales enviaron señales explícitas de apoyo a Javier Milei, con promesas de desbloqueo de créditos, respaldo del FMI y acceso a financiación externa a cambio de un programa de ajuste, privatizaciones y alineamiento total con Washington. Milei encarna así una recolonización económica, profundamente regresiva en términos de soberanía y derechos sociales.

Honduras. La injerencia estadounidense continúa siendo directa. Desde el golpe de Estado de 2009, Washington ha condicionado de forma sistemática los procesos electorales. En el actual proceso presidencial, aún sin cerrar definitivamente, existen denuncias fundadas de manipulación y fraude que afectan a la candidatura de Libre, con un Consejo Nacional Electoral cuestionado y una presión internacional orientada a impedir cualquier desviación del papel estratégico asignado al país como plataforma militar y enclave de control regional.

Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa, ilustra la recomposición actual de la subordinación imperial: militarización, estados de excepción y refuerzo de la cooperación militar con Estados Unidos bajo el pretexto del narcotráfico, mientras se profundiza la dependencia financiera y se debilitan proyectos soberanos.

Brasil. La presión imperial responde a su condición de potencia regional. Principal socio comercial de China en América Latina y actor clave de los BRICS, Brasil es percibido por Washington como un riesgo estratégico. El apoyo de Trump a Bolsonaro y los intentos de desestabilización del gobierno de Lula reflejan ese temor.

Colombia. El Plan Colombia y la llamada «guerra contra las drogas» consolidaron una dependencia estructural de EE.UU. con más de 12.000 millones de dólares en asistencia militar desde el año 2000 y un coste humano devastador. Su infraestructura militar permite proyectar poder sobre toda la región y mantener presión constante sobre Venezuela.

   En conjunto, la violencia en el Caribe, las sanciones, la injerencia electoral y el chantaje financiero responden a una misma lógica histórica: mantener a América Latina como espacio subordinado del imperialismo estadounidense.

La Doctrina Monroe no ha desaparecido, se ha actualizado

   La Operación Cóndor demostró que Washington está dispuesto a recurrir al terrorismo de Estado masivo. Las sanciones contra Venezuela y Cuba demuestran que la guerra económica puede ser igual de devastadora. No hay democracia real bajo tutela imperial, ni soberanía posible sin control de los recursos estratégicos y ruptura con el modelo de dependencia.

   La ofensiva imperial de Estados Unidos sobre América Latina no es un fenómeno aislado ni exclusivamente regional. Forma parte de un intento deliberado de reinstaurar una lógica de Guerra Fría en un mundo que, pese a todas las resistencias, avanza hacia un escenario de multilateralidad mientras Washington pretende dividir a la comunidad internacional en bloques subordinados, imponer alineamientos forzosos y criminalizar cualquier proyecto soberano que escape a su control económico, político o militar.

   Esta estrategia se sostiene sobre una vulneración sistemática del derecho internacional: sanciones unilaterales ilegales, bloqueos económicos, agresiones extraterritoriales, ejecuciones extrajudiciales, injerencias electorales y actos de piratería que no quedarían impunes si los cometiera cualquier otra potencia.

   La parálisis de los organismos multilaterales, incluida la ONU, y su incapacidad —o falta de voluntad— para frenar estas prácticas, evidencian el agotamiento de un sistema internacional diseñado para proteger los intereses del poder hegemónico, no los derechos de los pueblos.

   Frente a esta deriva peligrosa, es urgente articular una respuesta internacionalista amplia, que supere fronteras y alineamientos impuestos. Las fuerzas de izquierdas, progresistas, populares y antiimperialistas, los movimientos sindicales, las organizaciones sociales y los Estados que defienden la soberanía, deben converger en la defensa del multilateralismo real, del derecho internacional y del principio de autodeterminación de los pueblos.

   La defensa de América Latina frente al imperialismo es inseparable de la lucha global contra el capitalismo en su fase monopolista, el militarismo y la guerra como instrumento político

   No se trata de sustituir una hegemonía por otra, sino de romper con un orden basado en la fuerza, la amenaza y la guerra económica, y avanzar hacia un sistema internacional fundado en la cooperación, la igualdad soberana entre naciones y la resolución pacífica de los conflictos. Hoy, como ayer, la defensa de América Latina frente al imperialismo es inseparable de la lucha global contra el capitalismo en su fase monopolista, contra el militarismo y contra la normalización de la guerra como instrumento político.

   La alternativa a la Guerra Fría que Estados Unidos intenta imponer no puede ser la resignación ni el silencio cómplice, sino la articulación consciente de un frente mundial por la paz, la soberanía y el socialismo.

(*) Responsable del PCE para América Latina y el Caribe