Por Diana Valido Cernuda

Julián Assange ha sido el hombre más perseguido por Estados Unidos en una década, al menos públicamente. Quitarle el antifaz al gobierno más poderoso del mundo tiene sus consecuencias y Assange las ha vivido en carne propia desde que publicó en Wikileaks aquel video titulado Asesinato colateral en 2010. Sin ser condenado por ninguna causa, el periodista  australiano no ha vivido un solo día en libertad desde entonces.

Desde finales de febrero su equipo de defensa juega las últimas cartas ante el Tribunal Superior de Londres, para evitar su extradición a Estados Unidos. El proceso ha sido largo, complejo y lleno de obstáculos dignos de una serie de Netflix. Sin embargo, la realidad supera a la ficción y es lo más preocupante. Estados Unidos quiere juzgar a un periodista que no es estadounidense, cuyo medio tampoco tiene su sede en ese país, por publicar los crímenes de guerra de diferentes administraciones de la Casa Blanca, crímenes por los cuales los verdaderos responsables no han pagado.

Hasta el momento no hay nada definido sobre el caso. Su esposa Stella Assange, informó recientemente a los medios que después de las audiencias los días 20 y 21 de febrero, los jueces pidieron más información de parte de los abogados de Julián y del Ministerio del Interior de los Estados Unidos

“Esto no significa que debamos perder la iniciativa. Tenemos que mantener al día el impulso porque los jueces están en el proceso de tomar una decisión y tan pronto como haya una, si va en contra de Julián, los estadounidenses lo llevarán en avión a una base militar estadounidense en Reino Unido, y luego a Estados Unidos”, argumentóStella  Assange.

El tiempo corre contra Julián quien enfrenta serios problemas de salud debido al aislamiento al cual ha sido sometido desde que fuera encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, Reino Unido, en 2019. El jurista español Baltasar Garzón, uno de sus abogados, considera estas condiciones como parte de la persecución política a la cual han sometido a Assange.

«Su salud es muy delicada», apuntó en una entrevista  a Catalunya Radio, «se pasa casi todo el día en una celda de dos metros. El deterioro de su salud es manifiesto y grave».

Teniendo en cuenta la gravedad de su estado, la esposa de Assange informó que su equipo de defensa ha cambiado el enfoque de No extraditar a Assange libre ahora.

“Este debe ser el mensaje para Julián. No se trata solo de extradición, no se trata solo del proceso legal, se trata de liberarlo. El no debería estar en prisión, es así de simple: cueste lo que cueste necesita ser libre, ha estado en prisión durante casi cinco años. Es un mensaje claro que quiero que transmitan, y que aquellos que mantienen a Julián en prisión necesitan escuchar consistentemente una y otra, y otra vez.”

De esta forma, Stella, quien ha  formado parte del equipo de defensa de Assange antes de convertirse en su esposa, convocó a la opinión pública internacional para continuar ejerciendo presión. A pesar de todo se mantiene optimista. “Podemos ganar esto”, afirma.

Sin embargo, tanto los abogados como el propio creador de Wikileaks, saben que se está cerrando el círculo. La decisión final que se tome en Reino Unido (si no está definida ya) marcará un precedente para la libertad de prensa y el derecho a la información.

Wikileaks: la biblioteca de los documentos más perseguidos del mundo

Fundada por Assange en 2006, Wikileaks se autodefine como una organización de medios multinacional. El sitio web se especializa en el análisis y publicación de grandes conjuntos de datos de materiales oficiales censurados o restringidos que involucran guerra, espionaje y corrupción. Hasta ahora ha publicado más de 10 millones de documentos y análisis asociados.

“WikiLeaks es una biblioteca gigante de los documentos más perseguidos del mundo. Damos asilo a estos documentos, los analizamos, los promocionamos y obtenemos más”, así la conceptualizó Assange en una entrevista a Der Spiegel en 2015.

Aunque los servicios de inteligencia de Estados Unidos mantuvieron vigilancia en el sitio web desde sus comienzos, fue la publicación de un video en 2010 lo que sentenciaría los próximos años de Assange. El material titulado intencionalmente Asesinato Colateral muestra el ataque de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en el cual murieron dieciocho civiles, entre ellos dos periodistas de Reuters.

Al año siguiente, WikiLeaks entregó a ElPsíd, The New York Times, The Guardian, Le Monde y Der Spiegel un total de más de 250 mil documentos clasificados que evidenciaban crímenes de guerras en Afganistán e Irak, cables del Departamento de Estado y archivos de los detenidos en la prisión de la ilegal base en Guantánamo.

Toda esta información publicada entre 2010 y 2011 fue entregada a Wikileaks por una fuente: la denunciante Chelsea Manning, entonces soldado del Ejército estadounidense.

Inmediatamente, las autoridades militares iniciaron la caza de la fuente. Manning fue detenida en 2010 y sentenciada a 35 años de prisión en 2013. Estuvo encarcelada siete años hasta que Barack Obama le concedió un perdón presidencial.

Volvió a la cárcel posteriormente por negarse a testificar ante un gran jurado sobre una investigación a Wikileaks. Tiempo después, un juez de Estados Unidos decidió volver a ponerla en libertad, luego de que su equipo legal asegurara que se había intentado suicidar en prisión.

Pero Manning era solo una ficha en la persecución de Estados Unidos. El verdadero objetivo consistía en castigar a Assange y de una forma radical para que ningún otro periodista siguiera su ejemplo.

En 2010 Assange se encontraba en Reino Unido. En ese año Suecia emitió una orden de búsqueda y captura contra el activista por presuntos delitos sexuales, que fue archivado definitivamente años después por falta de pruebas. Aquello le costó una detención por parte de las autoridades británicas aunque luego fue puesto en libertad bajo fianza.

En 2012 el periodista australiano se refugia en la embajada de Ecuador en Londres. El entonces presidente Rafael Correa apoya la labor de Wikileaks por lo cual le concede asilo político y la nacionalidad ecuatoriana. Allí permanecería 7 años y sería espiado, como se supo después, por la empresa española de defensa y seguridad privada, Undercover Global S. L., que enviaba los archivos de imagen y sonido de las cámaras de seguridad a un cliente estadounidense “anónimo”.

Lenin Moreno llegó a la presidencia de Ecuador en 2017 y dos años después le retiró el asilo diplomático a Assange, rompiendo de esta forma con el compromiso del gobierno anterior. Coincidentemente, en ese mismo período se divulgaron los llamados INA Papers, una serie de documentos filtrados anónimamente que acusaban a Moreno y a miembros de su familia de haber cometido delitos económicos a través de empresas fantasmas.

Aunque Wikileaks negó ser el responsable de su publicación, el mandatario ecuatoriano ya tenía tomada su decisión que se venía fraguando mucho antes, pues el 30 de mayo de 2017, en una reunión con Paul Manafort, Moreno había ofrecido entregar a Assange a Estados Unidos a cambio de ayuda financiera.

Incongruencias en el proceso judicial

Desde los mismos inicios de esta saga, existen incongruencias en las imputaciones que esgrime Washington contra el periodista australiano. Estados Unidos acusa a Assange de 18 cargos de espionaje e intrusión informática, por los cuales se podría enfrentar a una pena de hasta 175 años en prisión.

Pero la realidad es que Assange no clasifica en ninguna de esas acusaciones. El periodista y editor de la sección El Mundo de Página 12, Santiago O’Donnell, lo sintetiza  de esta manera en un artículo reciente: “La información no se puede robar. Se sabe o no se sabe” (…) Esta tensión entre el derecho a la privacidad y el derecho a estar informado hasta ahora se ha resuelto castigando a quien obtiene la información de acceso protegido por la ley, pero dejando libre de culpa a quien la publica. Gracias a esta protección al periodismo es que se ha podido conocer información de interés público que ciertos gobiernos y corporaciones preferían mantener oculta”.

Como el gobierno de Estados Unidos no podía acusarlo de publicar, lo acusó de espionaje y para ello Mike Pompeo, al asumir el cargo de director de la CIA en 2017, usó su primer discurso para calificar a Wikileaks como «un servicio de inteligencia hostil» apoyado por Rusia.

Es decir, no lo consideraron ni como un sitio web de recepción de datos, ni como un medio que sirve de fuente a otras organizaciones periodísticas, sino como un sitio espía.

Ya para ese momento, la central de inteligencia de Estados Unidos estaba demasiado expuesta luego de que Wikileaks publicara miles de documentos confidenciales sobre su programa de hackeo a teléfonos androides, computadores y televisores para usarlos como micrófonos encubiertos.

La publicación del sitio conocida como Vault 7 ocurrió durante el mandato de Trump. En ese mismo período, la CIA valoró la posibilidad de secuestrar o envenenar a Assange mientras se encontraba en la embajada de Ecuador en Londres.

El equipo de defensa de Assange ha manejado dentro de sus argumentos, las condicionantes de los acuerdos de extradición entre Reino Unido y Estados Unidos. Dicho acuerdo entre ambos países, como casi todos los tratados de extradición que ha firmado el Reino Unido, prohíbe la extradición por delitos políticos. El espionaje se considera uno de los ejemplos de delito político.

Los abogados de Assange también argumentaron que exponer la criminalidad del gobierno estadounidense y ser procesado por ello representa un castigo a la expresión política. Sin embargo, el suspenso que se mantiene en torno a su caso, no significa necesariamente que la justicia británica acepte este argumento.

La salud de Assange se deteriora

La última  vez que se vio en público a Assange fue el 6 de enero de 2021 cuando le permitieron asistir a la anterior vista de extradición. El fundador de Wikileaks no ha podido acudir a muchas de las audiencias que se han celebrado sobre su caso en instancias judiciales británicas. En esta última ocasión, la justicia londinense le otorgó ese derecho, pero estaba demasiado enfermo como para presentarse.

Tanto su equipo de defensa como su esposa han denunciado las condiciones a las cuales someten a Assange en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh. Se le mantiene 23 horas diarias en soledad y tiene 45 minutos para hacer ejercicio en un patio de cemento. Pareciera que mientras se ralentiza el proceso judicial, buscan su quiebre emocional y físico por cualquier vía.

En 2020 su esposa lo describía de la siguiente forma: El propio Assange le escribió una carta al rey Carlos III donde lo invitaba a conocer en primera persona las penurias de la prisión de máxima seguridad.

Además, si a los cinco difíciles años en Belmarsh se le suma los siete que debió permanecer encerrado en tres habitaciones de la pequeña embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Estados Unidos, ya son 12 años de encierro que han deteriorado gravemente su estado físico y mental.

La relatora especial sobre la tortura de Naciones Unidas, Alice Jill Edwards, explicó en una entrevista para el sitio oficial de la ONU, que existen tres factores reales para impedir la extradición de Assange, teniendo  en cuenta que Reino Unido es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, así como del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ambos instrumentos tienen un artículo equivalente, el número 3, que prohíbe a los estados enviar personas a lugares donde puedan sufrir este tipo de trato.

“Assange, y está bien documentado y aceptado por el tribunal, y al mismo tiempo es la razón por la que su extradición ha sido suspendida hasta hoy, sufre de un trastorno depresivo. Cualquier extradición a los Estados Unidos es muy probable que exacerbe sus condiciones médicas subyacentes, y hay un riesgo muy real de suicidio”, explica  Edwards como argumento fundamental.

Además, si resulta extraditado, Assange se enfrentaría a una prisión preventiva en los Estados Unidos a la espera del juicio. Como reconoció la experta, la nación norteña tiene una larga historia del uso del aislamiento y reclusión en régimen de aislamiento.

“Las Reglas Nelson Mandela que rigen las normas mínimas para el tratamiento de los reclusos indican que 15 días de aislamiento o reclusión en régimen de aislamiento equivale a tortura. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que cualquier forma de aislamiento y confinamiento solitario, tendrá un impacto irreparable en la salud psicológica e incluso potencialmente física de Julián Assange”, enfatizó la experta.

La tercera razón por la cual la extradición probablemente incumpliría las protecciones del artículo 3 radica en la pena máxima a la cual se enfrenta el periodista australiano.

“Todos podemos hacer los cálculos: Assange tiene 53 años. La cifra es más de tres veces su edad actual. Y, por supuesto, equivale a 175 años, que es más de lo que se vive hoy en día y es, por tanto, dos veces y media una cadena perpetua ordinaria”, concluyó Alice Jill Edwards.

Son razones contundentes para evitar su extradición a Estados Unidos. Sin embargo, su equipo de defensa guarda una última estrategia en caso de que el tribunal británico se decante por enviarlo a territorio estadounidense.

El plan, según informó su abogadoBaltazar Garzón en entrevista a Cataluña Radio, es  presentar una orden 39 urgente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que lo detenga, antes de solicitar que el caso sea revisado por el tribunal europeo.

Sin embargo, Garzón ha advertido que un dictamen favorable del TEDH no asegura que el Reino Unido acate la justicia europea.

El proceso judicial que se define en Londres va más allá del futuro de un hombre. Lo que está en juego es la libertad de los periodistas en cualquier lugar del mundo para acceder a la información y sobre todo para publicarla, cuando afecta a grandes entes de poder.

Hemos asistido durante años a la cacería de un gobierno contra una persona que reveló el lado oscuro de sus guerras, sus torturas en prisiones extranjeras, sus programas para espiar a ciudadanos en todo el planeta. 

En los más de 10 años que ha durado la persecución contra Julián no se ha iniciado ningún proceso judicial internacional contra los responsables de  la violación de los derechos humanos en las cárceles de Guantánamo, Abu Ghraib y en la guerra de Afganistán.

No hay ningún responsable de la política estadounidense tras las rejas por haber permitido que el 60 porciento de las muertes en la invasión a Irak fueran civiles. Los verdaderos crímenes no se han juzgado, pero Assange está hoy a la espera de una condena por el sacrilegio de contárselos al mundo.

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