Los jueces dieron un plazo de tres semanas a las autoridades estadounidenses para que garanticen que Assange podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte.

Washington pide que Assange sea extraditado por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, tras sus explosivas revelaciones de su portal, que entre los años 2010 y 2011 dio a conocer supuestos crímenes de guerra de EEUU en Irak y Afganistán.

Según la defensa de Assange, esos delitos están penados con 175 años de prisión en Estados Unidos.

Assange fue detenido por primera vez en 2010 a petición de Suecia por un caso que ya quedó archivado, pero en 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, para ser arrestado en 2019 por la Policía británica, una vez que ese país le retiró su estatus de asilo.

Desde entonces, ha estado en la cárcel de Belmarsh, en las afueras de Londres.

La decisión de los jueces

Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson, que evaluaron durante varias semanas los argumentos de las partes, consideraron que un eventual recurso de Assange podría prosperar parcialmente, por lo que ofrecen al Gobierno de Estados Unidos la oportunidad de «ofrecer garantías» contra esos argumentos.

Según el dictamen, el tribunal dio al Gobierno de los EEUU tres semanas para dar garantías satisfactorias de que Assange podrá alegar en su defensa la Primera Enmiendade la Constitución de EEUU, relativa a la protección de la libertad de expresión.

También se necesitarán garantías de que el australiano no se verá perjudicado en el juicio por razón de su nacionalidad, de que se le concederán las mismas protecciones de la Primera Enmienda que a un ciudadano estadounidense y de que no se le impondrá la pena de muerte.

Si no se dan esas garantías, entonces se concederá autorización a Assange para recurrir, pero si se ofrecen, las partes tendrán la oportunidad de presentar nuevas observaciones en una audiencia el próximo 20 de mayo, a fin de tomar una decisión sobre la posibilidad de apelación.