A dos años de los sucesos, 229 personas fueron sentenciadas como ejecutoras de los delitos y 81 como incitadoras.

Los condenados como autores materiales enfrentan penas de entre 15 y 17 años de prisión por diversos delitos, como asociación criminal armada, daños cualificados, deterioro de patrimonio protegido, abolición violenta del Estado democrático de derecho e intento de golpe de Estado.

En el caso de los acusados de incitación, las penas son más leves, consistentes en un año de cárcel, pero han sido sustituidas por la obligación de realizar trabajos comunitarios y asistir a un curso sobre democracia. Además, estas personas deberán cumplir medidas adicionales, como la retención de pasaportes y la prohibición de portar armas de fuego.

Tanto los ejecutores como los incitadores han sido condenados a pagar, de forma solidaria, R$ 5 millones por daños morales colectivos, en compensación por los impactos de los actos contra las instituciones democráticas.

La investigación de la PGR también revela que 500 acusados firmaron acuerdos de no enjuiciamiento, lo que permitió cerrar sus casos.

Este mecanismo fue aplicado a aquellos que no participaron directamente en la depredación del Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo, a cambio de confesar los crímenes y aceptar medidas alternativas a la prisión.