La gobernación explicó en un comunicado emitido el jueves que este paso se enmarca en un camino sistemático para imponer nuevas realidades jurídicas que socavan el sistema legislativo vigente en Cisjordania, incluida Jerusalén, y transformar el control colonial en un sistema de propiedad organizado gestionado a través de una vía administrativa y legal que sirve al proyecto de anexión y amplía la presencia colonial permanente. La gobernación destacó que esta legislación es un claro intento israelí de desmantelar la estructura legal existente y reemplazarla con la ley israelí, en una flagrante violación de los poderes legales y legislativos palestinos, y de legitimar la propiedad directa de los colonos, ya que el nuevo proyecto de ley permite la creación de un sistema de transferencia de propiedad que es completamente incompatible con las leyes nacionales y abre la puerta al uso de documentos falsificados o contratos de venta ficticios para demostrar la propiedad israelí. La Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad de la Knéset, presidida por el diputado Boaz Bismuth, aprobó el martes un proyecto de ley propuesto por los diputados Moshe Solomon, Limor Son-Har Melich y Yuli Edelstein. El proyecto, aprobado con cuatro votos a favor y ninguna oposición, deroga la ley jordana de 1953 que regula el arrendamiento y la venta de bienes inmuebles a extranjeros en Cisjordania, que prohibía la transferencia de la propiedad de la tierra a personas no palestinas ni árabes. La Gobernación de Jerusalén explicó que la cancelación de la ley jordana de alquiler y venta constituye una flagrante violación del derecho internacional y contraviene el Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante modificar las leyes vigentes en los territorios ocupados.     También representa una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, en particular la Resolución 2334, que afirma la ilegalidad de los asentamientos en todas sus formas. Añadió que esta legislación tiene repercusiones jurídicas y políticas extremadamente graves, ya que allana el camino para la anexión de facto al transferir el sistema de propiedad a la legislación israelí. Infringe directamente la jurisdicción palestina sobre tierras y propiedades y amenaza la custodia jordana de los patrimonios islámicos y cristianos, incluida la Mezquita de Al-Aqsa. Además, esta ley socava el papel de la Autoridad Nacional Palestina y sus poderes legales y regulatorios en Cisjordania, y limita cualquier posibilidad de establecer un Estado palestino independiente y viable. La gobernación afirmó que los objetivos de la ocupación detrás de esta legislación son profundizar el control colonial sobre la tierra, consolidar la presencia de sus colonos expandiendo la propiedad individual y buscar cambiar la geografía y la demografía y socavar las bases necesarias para el establecimiento de un estado palestino, dentro de un camino político y legal sistemático para imponer la soberanía israelí sobre toda la tierra palestina. La Autoridad Palestina instó a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad a tomar medidas urgentes y efectivas para detener esta legislación antes de su entrada en vigor. También instó a los parlamentos internacionales y a las organizaciones de derechos humanos a denunciar sus peligros y reconocerla como parte de un proceso político destinado a socavar los marcos legales que protegen los derechos palestinos a la tierra y la propiedad. Además, instó a Estados Unidos y a la Unión Europea a presionar al gobierno ocupante para que detenga esta medida, que amenaza la seguridad y la estabilidad y socava las perspectivas de una solución política justa. La Gobernación de Jerusalén subrayó que estas leyes y procedimientos no otorgarán a la ocupación ninguna legitimidad jurídica o política, que el derecho palestino a la tierra es firme e inviolable y que nuestro pueblo mantendrá su firmeza y frustrará todos los proyectos coloniales que atenten contra su existencia y sus derechos nacionales