La narco-corrupción en los sexenios de Calderón y Peña Nieto fue aprovechada por Washington, que logró en esos periodos que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizara a la DEA subir de 54 a 70 el número de sus agentes y de 32 a 41 técnicos administrativos.

Un documento de la SRE obtenido por Proceso expone lo que ocultaron los gobiernos de Calderón y Peña Nieto respecto de las concesiones que hicieron a la Administración Federal Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, que se aprovechó de ello para darles una puñalada en la espalda.

Hasta la publicación de este texto, públicamente se conocía que la DEA tenía operando en México a 54 agentes y 32 técnicos administrativos, entre quienes se cuenta a analistas, especialistas en tecnología de espionaje y equipo computarizado.

En un periodo de 10 años la DEA doblegó a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, que aceptaron darle la venia a otros 16 policías antinarcóticos estadunidenses, quienes operaron a sus anchas en todo el territorio mexicano y que después traicionaron a sus amigos.

En total, la DEA en México cuenta con un personal de 111 elementos, quienes ahora, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, están acotados y sujetos a los cambios de la Ley de Seguridad, por la que deben entregar mensualmente a la Cancillería un informe de sus actividades.

Con el incremento de la presencia de agentes de la DEA en México se reflejó su injerencia y traiciones a Calderón y Peña Nieto, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos justificó en nombre del combate al narcotráfico y a la narco-corrupción en esos dos sexenios.

Confiados en que sus aliados de la DEA coadyuvarían en sus omisiones y negligencia y favores para con algunos cárteles del narcotráfico, Calderón y Peña Nieto jamás imaginaron que los agentes estadunidenses expondrían sus pecados y fracasos en la guerra contra las drogas.

Siete años dejó pasar la DEA para asestarle a Calderón un golpe que nunca podrá sacudirse ni olvidar; el 9 de diciembre de 2019, en Dallas, Texas, arrestaron por narcotráfico a Genaro García Luna, su amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública.

La noche del 15 de octubre de 2020, a casi dos años de concluido el sexenio de Peña Nieto, la DEA, por el cargo de colusión con el narcotráfico, detuvo en Los Ángeles, California, al general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional del expresidente.

García Luna será sentenciado por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Esta misma Corte, el 18 de noviembre de 2020, gracias a la intervención del gobierno de López Obrador, desestimó las acusaciones contra Cienfuegos.

Estos dos casos son ejemplo de cómo con el aumento de agentes y de personal técnico administrativo la DEA pudo realizar labores de espionaje y de intervención de llamadas telefónicas de gran calado en México.

Como quedó demostrado en el juicio contra García Luna y como prometía evidenciar en el proceso judicial que nunca ocurrió, la DEA interceptó y grabó conversaciones telefónicas de integrantes de dos gabinetes presidenciales y no sabemos si también de los mandatarios.

La amenaza que el gobierno de López Obrador hizo al Departamento de Justicia de expulsar de México a los 70 agentes de la DEA, como Proceso lo detalló de manera puntual, explica la rauda decisión de Washington de desestimar los cargos y repatriar a Cienfuegos Zepeda.

Desde el 26 de octubre de 1992, hasta abril de 2020, el personal de la DEA acreditado en México se regía bajo las “Reglas Específicas para Normar las Actividades de los Agentes y Técnicos Especializados”, como lo dicta el documento definido por la SRE.

“Los agentes y personal técnico especializado de la DEA será de un máximo de 39 elementos con calidad de agentes y 32 administrativos o técnicos especializados”, dice el documento oficial de 13 páginas definido entonces por la Cancillería mexicana.

Desde ese octubre de 1992, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, la función y distribución de los agentes de la DEA en México tenía objetivos de injerencia condicionados al avance en el combate al trasiego de drogas y a narcotraficantes.