El Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» (CAJAR), entidad colombiana comprometida con la defensa de los derechos humanos, señaló en un comunicado que la decisión tomada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de Buenos Aires permitirá ampliar la investigación y presentar nuevas pruebas que podrían ser fundamentales para el proceso.

   «El Estado colombiano ha acumulado una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado y de la violencia política, a quienes se les ha impedido el acceso a justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición pese a sus acciones, representaciones y exigencias en diferentes escenarios judiciales», subraya el comunicado.

   De acuerdo a la denuncia, el expresidente Álvaro Uribe habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieran en Colombia, entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, más de seis mil casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como abatidos en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército colombiano, conocidos como «falsos positivos», en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

Los detalles de la querella

   En la resolución expedida por parte del Juez Federal Número Dos, Sebastián Ramos, se admite la condición de víctimas a las partes querellantes dentro de la causa penal.     

   «Este reconocimiento brinda la posibilidad de llevar a cabo diferentes actuaciones dentro del proceso, con el propósito de aportar y practicar pruebas dirigidas al esclarecimiento de los hechos victimizantes y el establecimiento de responsabilidades penales», precisó CAJAR.

   «Con relación al grupo de víctimas que aún se encuentran sin identificar, se abre la posibilidad de acudir a expertos que contribuyan al establecimiento de su identidad y a la localización de sus familiares», agregó el colectivo de abogados.

   Las víctimas habían interpuesto la querella en noviembre de 2023 en contra del exmandatario, en aplicación del principio de jurisdicción universal, que permite investigar y juzgar a individuos por crímenes graves que no fueron procesados en sus países de origen.

   En dicha querella se admiten tres grupos de víctimas: las familias de las cuatro víctimas identificadas, siete víctimas sin identificar, y tres organizaciones defensoras de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Jurídica Libertad y el propio CAJAR.

   «Esta acción constituye un paso histórico de las víctimas y organizaciones en la lucha contra la impunidad en Colombia. Una investigación por parte del Juzgado contra Álvaro Uribe abriría la puerta a que sea la primera vez que un presidente colombiano sea indagado por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales», señalaron en aquella ocasión los querellantes en un comunicado de prensa.

   «Esto lo pone al nivel de otros exmandatarios de Latinoamérica y el mundo, donde se han propiciado, con la activación del principio de jurisdicción universal, mecanismos más adecuados para la rendición de cuentas; como es el caso de Augusto Pinochet, Efraín Ríos Montt y Hissène Habré», agregaron las partes denunciantes.

La negación de Uribe

   En septiembre del año pasado el expresidente Uribe se pronunció después de que un grupo de militares confesara haber asesinado a casi 300 civiles para presentarlos como bajas en combate, en el departamento de Casanare.  

   A través de un video difundido en sus redes sociales, reconoció haber sido exigente con las tropas de las Fuerzas Armadas, pero sostuvo que actuó dentro de la ley, negando   así cualquier implicación en los hechos.

   Del mismo modo, en 2021, Uribe aseguró que actuó con celeridad y transparencia ante las denuncias de ejecuciones extrajudiciales durante su mandato. «No hay ningún soldado de Colombia que pueda decir que yo le di mal ejemplo de palabra o de obra… La culpa nunca es del que exige resultados con transparencia, (es) del incapaz criminal, que para fingir resultados produce crímenes», alegó Uribe en declaraciones recogidas por distintos medios.

   Sebastián Escobar, letrado del CAJAR, indicó a Página 12 que era de esperarse que el expresidente reaccionara defendiéndose frente a las denuncias que realizaron en su contra. «Nosotros hemos aportado pruebas importantes de que durante su mandato se cometieron más de 6.000 hechos de falsos positivos y cómo estos hechos desde una fase inicial de su política fueron denunciados y anunciados. Es decir, él tenía conocimiento de lo que estaba pasando y no se tomaron medidas oportunas; estos son elementos que en el derecho penal internacional son suficientes para que él tome una responsabilidad penal», sostuvo.

   En Colombia, si bien se han avanzado en investigaciones por los hechos contra algunos de los militares responsables, no ha ocurrido lo mismo respecto a funcionarios al mando de esas fuerzas, como es el caso de Uribe. «Una de las razones es porque, por ejemplo, en el marco del Acuerdo de Paz se crearon unos modelos de justicia especiales que no permiten el juzgamiento de presidentes. A pesar de que existe un fuero especial para la investigación de presidentes, estas investigaciones en el marco de ese fuero nunca han avanzado», mencionó el letrado, para explicar la razón por la que acudieron a la justicia argentina.

   «Hay muchos países europeos que reconocen la jurisdicción universal, pero establecen ciertas limitaciones, por ejemplo, a que el perpetrador o el presunto perpetrador sea ciudadano de ese país o las presuntas víctimas sean residentes o ciudadanas de ese país.

   Argentina reconoce el principio de jurisdicción universal de forma amplia en el sentido de que se puede perseguir los crímenes internacionales por fuera de sus fronteras en contra de cualquier autor y sin importar quiénes sean las víctimas», detalló Escobar, remarcando la importancia del país frente a cuestiones que conciernen a los derechos humanos.

Sobornos y fraude

   El tema de los falsos positivos no es la única causa que el exmandatario colombiano tiene entre manos. En mayo fue acusado formalmente por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal en el marco de una investigación que arrancó en el año 2018.

   La Fiscalía General de Colombia había anunciado a principios de abril que llamaría a juicio a Uribe por los delitos mencionados, indicando que no pediría orden de captura contra el exmandatario y que, por lo tanto, podría defenderse en condición de libertad en el juicio oral que se celebrara en su contra.

   El caso empezó en 2012 cuando el expresidente denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que éste había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.    Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones apuntaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.