Por Paulo Cannabrava Filho
El objetivo: imponer, en la marra, una amnistía para los implicados en los actos golpistas del 8 de enero. Quieren borrar los crímenes cometidos contra la democracia, como si todo fuera más que una manifestación legítima. Pero no lo fue. Fue un ataque. Y ahora quieren convertir a los criminales en mártires.
La ofensiva de la oposición bosonarista ha despejado una vez más la fragilidad de la gobernabilidad. Con una minoría y una base acorralada, el gobierno de Lula no tiene la fuerza en el Congreso ni para aprobar medidas básicas. La llamada «dictadura de la mayoría» se impone con brutalidad: por un lado, Centro y Bolsonaristas con más de 300 votos; por el otro, una situación que apenas alcanza los 100. Esto hace que el país sea ingobernable.
Hubo reacción del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y del alcalde, Hugo Motta. Pero fue una reacción tímida, protocolaria, con promesas de investigación y discursos de defensa de la democracia. La verdad es que muchos de los que se presentan hoy como defensores del orden constitucional fueron cómplices del desmantelamiento democrático que nos trajo aquí.
Lo que está en juego es mucho más que una agenda legislativa. Es el futuro de la democracia. Y no se puede ceder al chantaje de quienes hacen política sobre la base de la fuerza, la mentira y la impunidad.
También llama la atención la connivencia de los sectores del poder judicial. El Tribunal Supremo, que jugó un papel decisivo en la contención del golpe de Estado en 2023, es hoy pasivo ante la nueva ofensiva golpista disfrazada de acción parlamentaria. No hay órdenes de evasión, ni denuncias formales, ni señales de que la democracia sea defendida firmemente.
Los medios hegemónicos, a su vez, relativizan los hechos. Habla de «protestas» o acciones simbólicas, como si invadir la mesa del Senado fuera una expresión legítima de la vida democrática. Esta normalización del absurdo es peligrosa: legitima el golpismo y confunde a la opinión pública.
La sociedad no puede repetir el silencio cómplice de otras épocas. Es hora de alzar la voz y exigir responsabilidades institucionales. No se trata sólo de castigar a los golpistas, sino de restaurar la dignidad del Parlamento y afirmar que no se negocia la democracia.
