El republicano fue elegido con la promesa de realizar la mayor deportación en la historia del país y de restringir ciertos tipos de visas para ciudadanos extranjeros. Estas promesas generan preocupación tanto entre quienes están en situación irregular como entre quienes tienen su documentación en regla.

La semana pasada, Folha conversó con una docena de inmigrantes, así como con personas que trabajan en asociaciones de apoyo a refugiados y solicitantes de asilo. Los nombres citados en el reportaje son ficticios, precisamente porque temen la cancelación de visas y la deportación.

El miedo a toparse con los servicios de inmigración también ha aumentado y hay asociaciones que están considerando retomar servicios del pasado para alertar en tiempo real sobre la proximidad de agentes gubernamentales. El equipo de Trump planea grandes operaciones en todo el país para detener a inmigrantes la próxima semana.

«Hay gente que no quiere abrir la puerta de su casa porque teme que sea el ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas]. Piden documentos y, en muchos casos, las personas son deportadas», cuenta Paula, de 46 años, peluquera que vive en Maryland, uno de los estados con mayor número de inmigrantes en situación irregular, según una encuesta del Pew Research Center.

Paula llegó a Estados Unidos hace siete años desde Maceió con una visa de turista y se quedó. Hoy vive con su esposo Juan, de 49 años, quien salió de El Salvador hace 15 años y cruzó la frontera con México buscando una vida mejor.

Paula pasó años en situación irregular, pero hace poco tiempo presentó una solicitud de asilo político y espera la audiencia en la corte que determinará su destino.

Durante su primer mandato, Trump dificultó las estancias temporales al exigir que el inmigrante solicitara asilo en su país de origen para obtener esa categoría en EE.UU. Este tipo de visa sigue en la mira del republicano, quien afirma que hay abusos en las solicitudes, aunque no existen pruebas que respalden esta afirmación.

Según el American Immigration Council, un grupo defensor de los inmigrantes, costaría 315 mil millones de dólares (1,8 billones de reales) detener y deportar a los 13,3 millones de personas que viven en EE.UU. de forma ilegal o con un estatus temporal revocable.