Por Carlos Fazio

En medio de una campaña mediática de intoxicación (des)informativa y una guerra comunicacional de última generación en la que participó el propio Elon Musk -el megamillonario sudafricano residente en Estados Unidos y propietario de X, antes Twitter– como «padrino» de la extrema derecha venezolana, las bases bolivarianas volvieron a ganar otra batalla, esta vez en las urnas: los votos le ganaron a los bots y a Musk.

Pero la guerra sigue. En su fase actual, se trata de una guerra híbrida que utilizó las elecciones presidenciales del 28 de julio como instrumento para impulsar un golpe de Estado oligárquico, contrarrevolucionario y de características fascistas, tutelado por Washington a través del Departamento de Estado; la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono, y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque algo limitada ésta porque tiene que operar desde la embajada de EEUU en Colombia, con la colaboración del lobby cubano-estadunidense de Miami, Florida, con Marco Rubio y el senador Bob Menéndez (declarado culpable de 16 cargos penales debido a «un caso clásico de corrupción a gran escala» según dictaminó la corte federal) a la cabeza.

Una conspiración que contó, además, con la complicidad de la ultraderecha cartelizada de Europa y América Latina, y de los presidentes de Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay, que intentan reditar al fenecido Grupo de Lima como instrumento de la política de «cambio de régimen» made in USA.

El objetivo: imponer un régimen paralelo con Edmundo González Urrutia, testaferro de María Corina Machado, como mascarón de proa; una suerte de Juan Guaidó 2.0, en referencia al autoproclamado «presidente encargado» sin elecciones de por medio, un fantoche producto de laboratorio de las fábricas de élite y de las políticas desestabilizadoras de Washington, implantado a golpes de Twitter por el ex presidente de EEUU Donald Trump, y los guerreristas y supremacistas del «gobierno en las sombras» (Deep State) que le rodeaban en la Casa Blanca: John Bolton, Mike Pompeo y Elliot Abrams, criminal de guerra convicto del caso Irán-Contras.

Así, podría decirse que si la fracasada asonada cívico-militar del 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez constituyó el primer golpe mediático del siglo XXI (a partir del papel clave jugado por los tres principales conglomerados privados locales: Venevisión, del magnate Gustavo Cisneros; Globovisión, bajo la batuta de Alberto Federico Ravell, y Radio Caracas Televisión [RCTV]), la actual intentona en curso constituiría un golpe digital en redes al estilo Maidan en Ucrania, en 2014, pero actualizado con tecnologías sofisticadas.

En realidad, se trata de un golpe de Estado continuado que sigue el esquema de las «revoluciones de colores» (golpe suave) de Gene Sharp, que desde junio pasado comenzó a manufacturar en las llamadas redes sociales y los medios oligopólicos privados una meta realidad mediante la difusión de noticias falsas (fake news) y distorsionadas matrices de opinión, que adaptando la técnica militar del enjambre a las plataformas comunicacionales, «posicionaron» al candidato de la ultraderecha, Edmundo González, más de 30 puntos arriba del aspirante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, en busca de su relección.

Una guerra comunicacional asimétrica estratégica, que sigue los parámetros de la Doctrina Conjunta de Operaciones de Información del Pentágono, que combina el empleo integral de la guerra electrónica, las operaciones sicológicas (Psyop), las operaciones en las redes de computadoras y celulares (guerra cibernética) y la decepción militar, como herramientas de manipulación y de fabricación de una determinada percepción de la población nativa y las audiencias del exterior, a lo que se sumaron desde junio pasado sabotajes contra el sistema eléctrico e infraestructura crítica, intentos de magnicidio contra el presidente Maduro y un blackout informativo sobre sus actividades de campaña.

Apagón informativo protagonizado, también, por las agencias noticiosas internacionales y los consorcios mediáticos hegemónicos occidentales (como Bloomberg, CNN, Reuters, Efe, Afp, The New York Times, France 24, Euro News, los diarios El País, ABC y El Mundo de Madrid y El Universal y El Nacional de Caracas), que a partir de invisibilizar y prácticamente «cancelar» al candidato del Gran Polo Patriótico, fueron configurando un universo paralelo al margen de la realidad.

Para ello, ocultaron y/o desestimaron otros sondeos demoscópicos como los de Hinterlaces, ICS, Dataviva e Ideadatos, que ubicaban a Maduro como eventual triunfador de los comicios.

Según alertó un par de días antes de la jornada electoral el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el plan consistía en cantar «fraude» en la tarde del día de los comicios desde un centro paralelo ubicado fuera del territorio venezolano, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único árbitro de los procesos comiciales. Desde ese lugar ubicado en Miami, los conspiradores golpistas se conectarían a lo que la oposición dirigida por la golpista María Corina Machado llamó la «transmisión oficial».

Casi hacia la primera media hora del 29 de julio, que el CNE emitió su primer veredicto, al declarar que con 80 por ciento de los votos escrutados Maduro era el vencedor con 51.20 por ciento de los sufragios, siete puntos arriba del opositor Edmundo González.

Por la noche del martes 30, la unión cívico-militar-policial había recuperado las calles y el país estaba en aparente calma. Las autoridades anunciaron la detención de 730 guarimberos (entre ellos 10 líderes), acusados de terrorismo.

En el saldo reportado de los disturbios callejeros figuraban un oficial muerto por disparo y 23 militares heridos. Muchos de los detenidos eran venezolanos repatriados que tenían preparación militar; 90 por ciento estaban drogados y 80 por ciento tenía antecedentes penales.

Un día antes, en una drástica e inesperada decisión, Nicolás Maduro anunció el rompimiento de relaciones con Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay. El mensaje fue obvio: Venezuela va a negociar directamente con Estados Unidos, no con gobiernos peleles.