Por Regina Reyes
Es la continuidad de tácticas de administraciones de ultraderecha para golpear a gobiernos progresistas, desconocer el derecho internacional, reforzar agendas duras en materia de seguridad pública y calar con “populismo judicial” en sectores de la población en sus países o a nivel regional.
Para algunos analistas, se trata de “una articulación de la ultraderecha a nivel internacional” con acciones violentas, belicistas y autoritarias y que se producen en un marco mundial con situaciones como el apoyo de la OTAN al Gobierno ultraconservador de Ucrania en la guerra contra Rusia, los ataques de Israel a Palestina y operaciones como el bombardeo al Consulado de Irán en Siria, las iniciativas de corte militar del Gobierno de Argentina, las duras acciones antimigrantes de gobiernos ultraconservadores y operaciones como las de la derecha en México que, ante el inminente triunfo en las elecciones presidenciales de la candidata del oficialismo, buscan crear resquicios técnicos para declarar inválidos los comicios.
Uno de los casos que da cuenta de los formatos de la ultraderecha, fue la decisión del Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de ordenar el ataque y allanamiento violento de la Embajada de México en ese país, para sacar violenta e ilegalmente al exvicepresidente, Jorge Glas, quien se encontraba en calidad de asilado político en esa sede diplomática.
Un contingente de élite de la Policía Nacional de Ecuador, al mando de varios oficiales, irrumpió agresivamente en la embajada mexicana con fusiles de asalto, armas cortas, implementos de entrada forzada, bastones para golpizas, llevando los atacantes uniformes de combate y equipos de radio para comunicaciones.
Saltaron muros, destruyeron portones y puertas, coparon áreas de la sede mexicana, en lo que se considera la violación flagrante del territorio de otro país. La Embajada de México, en su interior, fue invadida por policías ecuatorianos. Personal diplomático fue golpeado, insultado, agredido y maniatado, y con empujones, golpes y técnicas violentas fue sacado de una oficina el exvicepresidente Glas.
Los informes indican que la orden la dio el Presidente Noboa, conocido empresario ecuatoriano de posturas ultraconservadoras. Antes del allanamiento al territorio mexicano, el mandatario había ordenado la expulsión del país de la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur Smeke.
También desde la administración de Noboa se había atacado al Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y se le había sindicado como un enemigo del Gobierno ecuatoriano. Estaba en marcha una operación contra México y la administración de López Obrador.
Las autoridades mexicanas habían analizado el expediente del exvicepresidente Jorge Glas, y de acuerdo a la Convención de Viena y el derecho internacional al asilo, le había concedido la calidad de asilado en la embajada en Quito.
Pero desde el inicio, Daniel Noboa trazó una estrategia para desacreditar y violar el uso de ese derecho, estableciendo que Glas era “un delincuente”.
Así las cosas, en un comunicado oficial, el Gobierno ecuatoriano quiso explicar que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político” y que Glas “ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes”.
Se dijo que México había “abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática”. Se enfatizó que “Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad”.
Esa es una línea seguida por gobiernos de derecha y ultraderecha, en el sentido de establecer que pueden estar por encima del derecho internacional y los convenios internacionales y diplomáticos, e imponer que sus decisiones son soberanas independientemente de las condiciones que establezca el derecho internacional o, en este caso, la inviolabilidad diplomática y el derecho a asilo.
En ese diseño, el representante de Ecuador en una reunión de la OEA para tratar el asunto, Alejandro Dávalos, justificó que el otorgamiento de asilo que le dio México a Jorge Glas “socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático…al concederlo a un condenado prófugo de la justicia ecuatoriana”.
Prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos, europeos, Estados Unidos y de naciones asiáticas y africanas condenaron la acción violenta de Ecuador, que se sintetizó en la respuesta a Dávalos que dio la embajadora de Panamá ante la OEA, María Roquebert, al decir que “es inaceptable justificar acciones que atentan contra los principios básicos” que rigen las relaciones internacionales.
Pero la crítica internacional al Gobierno ecuatoriano por violar el derecho internacional y la Convención de Viena, así como el derecho de asilo, no hicieron mella en el Presidente Daniel Noboa. “No me arrepiento de nada” declaró soberbio.
Haciéndose el gracioso y sin entrar en el fondo del delicado tema, sonrisa irónica de por medio, dijo que invitada al Presidente de México “a comer ceviche o tal vez unos tacos y poder conversar”.
En una línea argumental de la ultraderecha en el campo mundial, Noboa replicó que “algunos gobiernos utilizan sus embajadas como una fachada para un refugiado político, pero en realidad es para la impunidad”. Y reivindicó “nuestra justicia” por encima del derecho internacional, un argumento repetido por personeros ultraconservadores en varios países.
Todo esto, por cierto, había ocurrido antes en Ecuador, teniendo como protagonista a otro mandatario ultraconservador: Guillermo Lasso. La exministra del Gobierno de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, perseguida política, ingresó a la Embajada de Argentina, ese país le otorgó el asilo, pero Lasso quería arrestarla, le negó el salvoconducto y se sabía de un plan de la policía ecuatoriana para ingresar a la sede diplomática y tomar presa a Duarte.
Ante eso, las autoridades argentinas planificaron una salida reservada de la exministra, frustrando la operación de las autoridades ecuatorianas. Hubo una crisis diplomática argentino-ecuatoriana.
