Entre abril y junio, al menos 1.520 personas murieron y 609 resultaron heridas en un contexto de violencia armada persistente, lo que marca una nueva y trágica escalada de la crisis.
Si bien los enfrentamientos en Puerto Príncipe parecen haber disminuido ligeramente, la violencia se ha intensificado fuera de la capital, especialmente en los departamentos de Bajo Artibonito y Centro. Comunas como Kenscoff siguen siendo muy inestables, según el informe.
Los ataques de pandillas siguen causando graves violaciones de derechos humanos, lo que agrava una crisis humanitaria ya de por sí grave, especialmente para mujeres y niños, declaró Ulrika Richardson, directora interina de la BINUH.
Además de las muertes y lesiones, se registraron al menos 185 secuestros y 628 casos de violencia sexual.
Según el informe, los grupos criminales siguen utilizando la violación en grupo, el secuestro e incluso la esclavitud sexual como herramientas de dominación sobre las poblaciones locales. También se han documentado casos de trata de menores, continúa el informe.
Las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad también provocaron pérdidas humanas.
El reporte señala que el 64% de los muertos o heridos murieron durante operaciones contra bandas, un tercio de ellos por ataques con drones explosivos. Entre las víctimas, el 15% no tenía vínculos con grupos criminales. También se denuncian 73 ejecuciones sumarias que involucraron a algunos policías y al comisario de Miragoâne.
El movimiento popular de autodefensa «Bwa Kalé» también está siendo señalado. El 12 % de las víctimas se atribuyen a acciones de venganza o autodefensa llevadas a cabo por civiles contra presuntos pandilleros.
Además, a finales de junio, más de 1.300.000 personas se encontraban desplazadas en todo el país. Esta alarmante cifra ilustra la magnitud de la actual crisis humanitaria, lamenta la agencia de la ONU.
En definitiva, a pesar de un sistema judicial prácticamente paralizado, las Naciones Unidas afirman que siguen apoyando los esfuerzos de las autoridades haitianas. En abril, el gobierno creó dos unidades judiciales especializadas en delitos masivos y delitos financieros. Se han organizado juicios penales en varias jurisdicciones y la policía ha reforzado sus unidades dedicadas a la violencia sexual, señaló la BINUH en su informe.
Por esta razón, la BINUH insta a las autoridades haitianas a intensificar la lucha contra las pandillas, con estricto respeto a los derechos humanos y el uso proporcionado de la fuerza. También insta a la comunidad internacional a acelerar el despliegue de la misión multinacional de seguridad, fortaleciendo al mismo tiempo la lucha contra el tráfico de armas.