La suspensión de la cuenta de Trump en Twitter se produjo después del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, cuando la plataforma decidió eliminar permanentemente su cuenta, citando preocupaciones sobre la incitación a la violencia. En respuesta, Trump presentó una demanda contra Twitter, alegando que la suspensión violaba sus derechos de libertad de expresión y acusando a la plataforma de censura. Aunque inicialmente un juez desestimó la demanda en 2022, el caso continuó en instancias superiores, llevando finalmente a las negociaciones que resultaron en el acuerdo actual. Este no es un caso aislado en la industria tecnológica. Recientemente Meta acordó pagar $25 millones de dólares para resolver una demanda similar presentada por Trump tras la suspensión de sus cuentas en esas plataformas después del asalto al Capitolio. Según informes, $22 millones de dólares de ese acuerdo se destinarán a financiar la biblioteca presidencial de Trump, mientras que el resto cubrirá gastos legales y compensaciones a otros demandantes. Estos acuerdos han generado preocupaciones entre expertos legales y defensores de la libertad de prensa, quienes argumentan que podrían sentar un precedente peligroso. La disposición de las grandes empresas tecnológicas a resolver demandas con pagos significativos podría incentivar futuras acciones legales similares y potencialmente limitar la capacidad de las plataformas para moderar contenido sin temor a represalias legales. El acuerdo entre Musk y Trump también ha suscitado debates sobre posibles conflictos de interés, dado que Musk ha sido un destacado donante en la campaña de Trump y ha expresado públicamente su apoyo al presidente en varias ocasiones. Algunos analistas sugieren que esta relación podría influir en las decisiones de moderación de contenido en X y en otras plataformas propiedad de Musk.