miércoles 29 de mayo de 2024
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Otra mirada después de 100 días de Arévalo en Guatemala

Ciudad de Guatemala (Prensa Latina) La política internacional de Guatemala mantiene hoy la misma línea de la administración anterior, afirmó la analista Lesbia Guadalupe Amézquita, al evaluar los primeros 100 días de Bernardo Arévalo en la presidencia del país.

Por Zeus Naya,Corresponsal jefe en Guatemala

El mandatario actual se reunió y siguió iguales posiciones que Alejandro Giammattei (2020-2024) respecto a Taiwán, Ucrania e Israel, con una total subordinación a los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea, expresó la abogada y notaria.

En declaraciones a Prensa Latina, consideró que lo más lamentable de todo es que el jefe de Estado continúa su respaldo tácito al genocidio del pueblo de Palestina y a la ideología nazi del régimen de Kiev.

“Estos primeros 100 días de Gobierno también evidencian que Arévalo no contaba con personas preparadas para acompañarlo en la toma del poder”, señaló la Máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea.

Quedó claro -comentó- que no tiene apoyo popular y si bien esto ya era evidente por la forma en que llega al poder, fue más claro al verlo asumir y estar siempre en absoluta soledad, subrayó.

El pueblo no le acompaña porque tampoco su Ejecutivo tiene un plan que esté en sintonía con las aspiraciones de justicia social del primero, planteó Amézquita.

“Habrá que ver si después de las elecciones de Estados Unidos, si los republicanos llegan al poder, Arévalo logra permanecer en la presidencia”, reflexionó.

Solo una vuelta a un proceso de transformación social será capaz de salvar con política lo que no se ganó en las urnas, agregó la asesora y dirigente del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco.

Sin embargo, acotó, Arévalo no parece ser un hombre revolucionario, progresista, socialista o incluso un demócrata.

“Su discurso, ataque constante a las instituciones democráticas y a la división de poderes, parecen más ser muestra de totalitarismo, tanto suyo como de quienes le acompañan en la gestión”, aseveró la entrevistada.

Proceso electoral más anómalo desde 1986

A juicio de Amézquita, los primeros 100 días del Gobierno de Arévalo deben ser evaluados primero sobre la base de una plataforma política ficticia, para cuyo establecimiento se recurrió presuntamente a una serie de anomalías.

Segundo, amplió, por presiones a lo interno de pequeños grupos que con el aval de la administración previa sitiaron el país acuerpados en un discurso que externamente denunciaba un supuesto golpe de Estado.

Pero que en la práctica y en la realidad -enfatizó la analista- buscaba solamente impedir la investigación y el sometimiento a la justicia de los responsables por la creación presuntamente anómala del partido político Movimiento Semilla.

Además, estimó, de un eventual fraude en la primera vuelta de las votaciones diseñado para que el rechazo de la población a Sandra Torres se expresara en la elección de Arévalo.

Todo esto -señaló la abogada y notaria- acompañado de cerca por la injerencia del gobierno de Estados Unidos, “que parece volcarse ahora hacia un mayor control de lo que considera su patio trasero”.

Ello, puntualizó, porque fue derrotado junto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte por Rusia en la guerra en Ucrania y por China en el ámbito económico.

Tercero, expuso la experta, a lo interno por un discurso de odio entre pueblos, de desprecio de la dignidad humana, de las instituciones democráticas y por la política del enemigo destinada a estigmatizar y criminalizar al que disiente.

Otro punto de vista

En opinión de Amézquita, se trata de un Gobierno impuesto sobre la base de una estrategia que comenzó viciando el proceso con los llamamientos del excandidato presidencial Carlos Pineda al voto nulo para generar confusión.

Aparte, refirió, el rechazo hacia la política y los partidos más tradicionales, que siguió con el acuerdo entre personas vinculadas a Semilla, Giammattei y el Tribunal Supremo Electoral para que Arévalo pasara a la segunda vuelta.

Luego continuó con el intento de usar el furor comicial para remover a la Fiscal General y poner en su lugar una persona que garantizara la impunidad, tanto a Semilla como a Giammattei y Miguel Martínez (cercano colaborador del anterior presidente), apuntó.

Estos 100 días de Gobierno parecen confirmar ese presunto acuerdo, enfatizó la dirigente del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco.

Los primeros días

Amézquita describió que los primeros días de la gestión actual iniciaron en medio de una aparente conflictividad social.

El descontento de los correligionarios de Arévalo no representaba a la mayoría de la población, ni siquiera una parte significativa, remarcó la entrevistada a Prensa Latina.

Generaron la conflictividad, abundó, para alterar la configuración del Congreso democráticamente decidida, en la que el partido oficial no tiene mayoría ni un número significativo de diputados para tomar e incidir en las decisiones.

Tenía como fin -dijo- someter a una mayoría parlamentaria al servicio de Arévalo, presidida por el legislador Samuel Pérez, someter al Poder Judicial, remover a la Fiscal General y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

La etapa analizada

Los primeros 100 días del nuevo Gobierno en Guatemala siguieron marcados por el socavamiento desde el Ejecutivo del Poder Judicial y del Ministerio Público, sostuvo la abogada y notaria.

Incluyó el constante llamado al intervencionismo de Estados Unidos, al occidente colectivo y a la Organización de Estados Americanos para lograr este fin.

La cercanía o posible co-gobierno de Arévalo-Giammattei es tan evidente que incluso no existieron mayores cambios en los mandos de las instituciones del Estado, observó la analista.

Incluso -recalcó- permanecen los mismos asesores que durante el Gobierno pasado, y a pesar de que se creó un comisionado contra la corrupción, no existe aún denuncia contra Giammattei o Martínez.

En 100 días solo hemos podido apreciar los intentos del gobierno de emular al anterior mandatario tratando de tener el control de una mayoría calificada en el Congreso, razonó la experta.

Igualmente, mencionó, el de sus comisiones estratégicas, el propósito de imponer estados de excepción para eludir los controles de gasto, la creación de institucionalidad para duplicar funciones, entre otras.

Tal situación, concluyó Amézquita, no podía ser diferente, si el plan ofrecía la persistencia de la agenda del sector empresarial en lo económico y social.

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