El destacado analista resaltó que el marco jurídico como los estatutos partidarios carecen de barreras éticas efectivas y la Constitución de la República “exige” requisitos muy flojos, por ello, hasta declarados traidores a la patria pueden participar en contiendas que son pagadas por los hondureños.

   Irías evalúa que, si bien la dictadura de Juan Hernández concluyó con su extradición y condena, no hay voluntad en el sistema actual para asumir las reformas que impliquen el endurecimiento de requisitos éticos que deben impedir que quienes tengan procesos abiertos ante la justicia sean candidatos.

   “Eso debería implicar una reforma a la Ley Electoral o un esfuerzo de autodepuración de los partidos, para establecer criterios suficientemente claros y evitar los vínculos con el crimen”, destacó.

   El analista político, opinó que los entes especializados deben aplicar filtros de selección, pero que, sin la voluntad de los partidos para limpiarse, es sumamente difícil aplicar prohibiciones para inscribir candidatos.

   Consideró que, todo aquel señalado por nexos con el crimen organizado, corrupción e incluso violencia doméstica deberían ser inhabilitados, pero que “hay una resistencia de los partidos para entrar a ese tipo de reformas y se limitan a los requisitos que ya establece la Constitución, que son completamente inofensivos”.

   Entre los candidatos que han sido protagonistas de controversias, en este caso supuestos delitos de corrupción, destaca el exalcalde del Distrito Central (2014-2022), Nasry Asfura, quien aspira nuevamente a la presidencia por el Partido Nacional –tras su derrota en 2021–, pese a ser acusado por la Fiscalía de tres delitos contra la administración pública por ser parte de una red de corrupción en la municipalidad capitalina que involucró 28 millones de lempiras (moneda nacional), supuestamente desviados para su campaña y cuentas personales.

   Por otro lado, figura la exprimera dama Ana García, quien busca también la presidencia, aunque desde 2021 es investigada por la Fiscalía en un caso de lavado de activos que implica la creación de “empresas de maletín”. La relación con su esposo, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, la ha puesto bajo la vigilancia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según informó la Secretaría de Seguridad.

   Pero además de acusaciones y nexos con el crimen, hay otro tipo de situaciones como las que afronta el fundador del Partido Anticorrupción (PAC) y Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, quien enfrenta críticas de militantes que lo acusan de no rendir cuentas sobre los fondos de la deuda política.

   Y, aunque no hay una acusación formal del Ministerio Público, ha sido denunciado públicamente por sus excompañeros de partido y se le acusa de haber ofrecido 15 millones de lempiras al dirigente del Partido Liberal, Luis Zelaya, para que lo inscribiera en ese instituto para comicios de 2021.

   Otra candidata en controversia es la diputada Maribel Espinoza, ahora precandidata del Partido Liberal, quien ha sido cuestionada por supuestos intentos de soborno a operadores de justicia para favorecer a una institución bancaria, además de ser señalada por ofrecer “recompensas” contra periodistas que publicaron audios que la implican en prácticas poco éticas y por solicitudes ante la Secretaría de Energía sin “conflicto de interés” para que se hiciera pagos millonarios a una empresa de ese rubro, según denunció el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada.

   Además, destaca el diputado, Jorge Cálix – exmilitante de Libre–, quien intenta llegar al poder con el Partido Liberal, siendo objeto de varias controversias por sus vínculos familiares, acciones de su vida privada y movidas políticas.

   Y, es que, el ahora precandidato Liberal, es familiar del excapo Mario “Cubeta” Cálix y la exdirectora antinarcóticos Soraya Cálix (actual fiscal en Ministerio Público), quien nunca denunció ni investigó la conspiración de los Hernández Alvarado: Juan Orlando y Juan Antonio.

   Alias “Cubeta” fue extraditado en fecha reciente y la abogada Soraya Cálix también fue mencionada como una de las investigadas por EE.UU.; por otro lado, Jorge Cálix está expuesto por escándalos de corrupción en instituciones que quedaron bajo su mando como “ofrenda de paz” tras su intento de golpe en el Legislativo en 2022.

   Por último, el general retirado, Romeo Vásquez, quien también aspira a la presidencia –aun no de forma oficial, ya que su partido Alianza Patriótica no participa en internas–, aunque fue uno de los protagonistas del golpe de Estado en 2009, los delitos de traición a la patria y ruptura del orden constitucional fueron confirmados incluso a instancia internacional.

   Vásquez ha sido señalado por organismos de derechos humanos por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mando en el Ejército. A pesar de estos antecedentes, la justicia hondureña nunca lo ha llamado a rendir cuentas. El excastrense, también es señalado por la Secretaría de Defensa, por promover un nuevo golpe de Estado.

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