Ahora, Estados Unidos, informaron a El Tiempo que su gobierno suministró los recursos dentro de una colaboración normal de carácter operativo y que sobre el particular no se informó al Presidente Duque. La razón de tan grave omisión, según afirman los funcionarios estadounidenses, es que cuando se llevó a cabo la operación “no existía polémica alguna por el uso de este software.”

   Con todo, desde 2016 se conocían denuncias de abuso posteriormente documentadas con pruebas forenses por el Proyecto Pegaso de un consorcio de 80 periodistas de 17 medios de comunicación de 10 países, entre ellos The Guardian y el Washington Post.

   En realidad, luce mucho más grave que el presidente Duque no supiera, a que sí supiera, de la compra en dólares en efectivo, por un monto que internacionalmente supera con creces el valor permitido, de un software con un potencial invasivo tan susceptible de ser utilizado con fines ilegales y violatorios de los derechos humanos. Tan peligroso es que ya fue prohibido por EE. UU y la empresa NSO Group que lo suministra, ingresada a la lista de empresas prohibidas de ese país por representar una amenaza a la seguridad nacional.

   La investigación denominada Proyecto Pegasus surgió de una filtración de un listado con 50 mil números celulares que permitió descubrir que periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, opositores, empresarios y hasta jefes de Estado fueron chuzados (pinchados) ilegalmente poniendo en riesgo muchas vidas, encarcelando a quienes divulgaban informaciones incómodas y persiguiendo a opositores políticos.

   La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callmard, concluyó sobre los resultados de la investigación que lo que estaba en juego era, ni más ni menos, que la intención de “controlar la narrativa pública, resistir el escrutinio y suprimir cualquier voz disidente.”

   Si las personas con la jerarquía necesaria para gastar esos montos de recursos públicos y autorizar la utilización de semejante herramienta niegan públicamente haber sido informadas, estamos ante un “estado” dentro del Estado que no responde a criterios democráticos, ni a las reglas que ordenan y limitan a los poderes públicos.

   Colombia tiene demasiados antecedentes de abuso de actores estatales en materia de derechos humanos, incluyendo el exterminio de la Unión Patriótica, 6.402 falsos positivos, chuzadas a la Corte Suprema de Justicia y testimonios al granel en los expedientes judiciales de Justicia y Paz, la Fiscalía y la JEP para entender la necesidad y urgencia de actuar severamente sobre el Golpe Pegasus.

   Este tiene, además de aristas de violación de la soberanía, elementos de un golpe certero de un sector no institucional dentro del Estado que se erige por encima de la ley so pretexto de cumplirla. Eso es inaceptable.