Los operativos impulsados por el presidente Donald Trump provocaron manifestaciones de miles de personas que salieron a las calles a protestar por la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

   Durante los primeros días, las manifestaciones se volvieron violentas, con enfrentamientos contra las fuerzas del orden locales, además de incidentes de vandalismo y saqueo durante las noches.

   Ante los casos de violencia, la administración Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional y los marines en Los Ángeles, medida que desató las críticas del gobernador de California, Gavin Newsom, quien incluso llevó a los tribunales una demanda por el uso de las fuerzas militares.

    La alcaldesa Karen Bass impuso el toque de queda en una pequeña zona del centro de Los Ángeles, que mantuvo por 10 días para acabar con los actos vandálicos y saqueos por parte de algunos grupos de personas criminales.

   Entre las más duras críticas por los operativos de inmigración es que son ejecutados por supuestos agentes enmascarados fuertemente armados y a bordo de vehículos que no estaban debidamente identificados, lo que motivó a los residentes a acusar que se trataban de secuestros.

   Las redadas se han llevado a cabo en estacionamientos, paradas de autobuses y en espacios públicos, con detenciones de inmigrantes indocumentados cuyo único delito es no tener documentos que les permitan demostrar su permanencia legal en Estados Unidos.

   De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre el 6 y 22 de junio, las agencias federales arrestaron en Los Ángeles y regiones cercanas del sur de California, a 1,618 personas, presuntamente extranjeras. Los números actualizados no han sido publicados.

   Durante el Día de la Independencia, el viernes 4 de julio, los agentes de ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no detuvieron sus operativos tras reportarse varios arrestos en Los Ángeles.

   “Hay mucho miedo, no se sabe qué día le va a tocar a uno. Pero igual toca salir a trabajar mirando de un lado y del otro”, dijo el mexicano Pedro Gutiérrez a la agencia EFE. Gutiérrez no tiene su documentación migratoria en regla, y aseguró que la respuesta de la comunidad de Los Ángeles le ha dado esperanza.

   “He aprendido sobre los derechos que tengo y los videos de la gente sacando a la migra de las calles le dan a uno ganas de seguir en la lucha”, expresó el mexicano.

   Las comunidades de Los Ángeles se han convertido en un símbolo de resistencia contra las políticas migratorias del presidente Trump. Desde que comenzaron los operativos, grupos de activistas defensores de los derechos de los inmigrantes protestaron por las redadas, al igual que funcionarios locales y estatales, como la alcaldesa Karen Bass y el gobernador Gavin Newsom.

   Las protestas por la presencia de los agentes de ICE no se han detenido, las cuales en su mayoría han sido pacíficas. La semana pasada, un grupo de manifestantes bloqueó todos los carriles del puente de Sixth Street para exigir que terminen los operativos de inmigración.

   Organizaciones comunitarias como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) y el colectivo Unión del Barrio están bajo investigación por instrucciones de los republicanos.

   El 2 de julio, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Public Counsel, junto con otros grupos, presentaron una demanda para impedir que los agentes federales continúen con las redadas, declarar inconstitucionales las tácticas de arresto y permitir el acceso a abogados a inmigrantes detenidos.

   La denuncia alega que las agencias federales usan un “perfil racial” en sus arrestos, calificados como secuestros.

   Los abogados confiaron en que en los próximos días obtendrán una orden de restricción que se aplicaría en siete condados del sur de California.

   “Es importante que miremos con firmeza a los ojos de las caras de las familias afectadas y les demos respuestas y regresemos a sus seres queridos“, dijo el vocero de CHIRLA, Mario Cabrera.

   Por ahora, los esfuerzos están centrados en ayudar legalmente a los inmigrantes que permanecen bajo custodia de las autoridades federales, que en su mayoría han vivido en el país durante años y no tienen antecedentes penales.