El revuelo ha venido no por el esperado fallecimiento de Fujimori, de 86 años de edad y enfermo de cáncer, sino por la decisión del Ejecutivo peruano de conceder un duelo nacional de tres días por su muerte y por otorgarle “las honras fúnebres que corresponde al presidente de la República en ejercicio”.

De hecho, su cadáver fue velado en el Museo de la Nación y recibido en el Palacio de Gobierno antes de su definitivo entierro.

Una decisión que se suma al intento, en los últimos años, del lavado de su imagen por parte de los partidos derechistas peruanos, con la complicidad ahora de la actual presidenta Diana Boluarte, que llegó al poder tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, que ganó las elecciones de 2021 con el apoyo de los partidos de izquierda.

Cabe recordar que Fujimori ha fallecido en libertad, tras ser indultado por el Tribunal Constitucional el pasado año, sin haber cumplido la pena de 25 años de prisión a la que fue condenado en 2009 por ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones forzadas y corrupción.

Aún más, para evitar futuros juicios, el Congreso peruano había aprobado el pasado mes de julio, con los votos de los diputados derechistas, una ley que permitía prescribir crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 y que beneficiaba tanto a Alberto Fujimori como a unos 600 militares procesados. El Parlamento dio su aval pese al rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había pedido al Estado peruano que la dejara sin efecto.

“Mafioso y asesino”

Así las cosas, las críticas y lo recordatorios de quien fue Fujimori han estado presentes estos días entre la izquierda peruana. En ese sentido, la ex candidata presidencial y militante del partido Nuevo Perú, Verónika Mendoza, aseguró que “solo un gobierno mafioso y asesino podía darle funerales de Estado a un mafioso y asesino”. “Queda claro quién manda en el país. El régimen fujimorista está vigente, nuestro deber histórico es derrotarlo”, sentenció Mendoza.

También el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, sentenciaba que Fujimori, “deja un legado de impunidad y de corrupción, que continúan sus seguidores que siguen siendo parte del poder real en el país”.

Por su parte, la congresista Sigrid Bazán recordó que el dictador “se fue sin pagar un sol de reparación civil, sin pedir perdón y en libertad gracias a un indulto ilegal”. “Su legado es corrupción, violaciones de derechos humanos y autoritarismo”, sentenció Bazán, quien advirtió que estas palabras nada tienen que ver con el odio, sino con “la memoria”.

Varias organizaciones sociales también se sumaron a las críticas al Gobierno de Boluarte, entre ellas la ONG Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán o el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), al asegurar que brindar honores de Estado a quien ha sido sentenciado por matanzas, secuestros y corrupción, atenta contra la dignidad de las víctimas y sus familiares.

“Alberto Fujimori y el régimen autoritario y corrupto que lideró deja una deuda histórica con todo el país. El gobierno está en la obligación de garantizar justicia, verdad y reparación”, señaló el primero de ellos en sus redes sociales. Mientras, el Idehpucp denunció que los honores de jefe de Estado son “un paso más hacia la demolición de la democracia en el Perú en tanto expresa un alineamiento desde la cúspide del Estado con el legado de autoritarismo, corrupción y violencia dejado por el régimen fujimorista”.

“La muerte de Alberto Fujimori, un penoso asunto familiar ante el que solamente cabría el silencio, ha sido convertida por el gobierno [de Dina Boluarte] y por el Congreso en un golpe más contra la democracia y contra los derechos humanos al disponerse la rendición de honores de jefe de Estado y días de duelo nacional”, añadió este Instituto de Democracia y Derechos Humanos en un comunicado.

Violencia y corrupción

Crímenes de lesa humanidad, autoritarismo o corrupción son algunos de los escándalos que marcaron la Presidencia de Fujimori entre el año 1990 y el 2000. Alberto Fujimori llegó al Gobierno en unos años convulsos para Perú. Los años 80 del siglo pasado estuvieron marcados, en el país andino, por una terrible inflación y por el conflicto armado contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, que había dejado decenas de miles de víctimas.

En este panorama, Fujimori aplicó un radical neoliberalismo en la política económica, privatizando las empresas claves del sector público, y un violento autoritarismo en la lucha contra los movimientos como Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. De hecho, el Gobierno peruano, como quedó demostrado más tarde, financió y armó a grupos paramilitares que operaban como escuadrones de la muerte contra todo civil sospechoso de colaborar con la guerrilla.

Saqueo de empresas públicas. La privatización de las empresas públicas supuso el despido de 200.000 trabajadores públicos. Las compañías quedaron en manos de multinacionales de origen español como Telefónica, Repsol, Endesa o BBVA, por un precio irrisorio. Eso sí, tanto el clan de los Fujimori como los que facilitaron este saqueo se quedaron con miles de millones de euros.

Al poco de llegar a la Presidencia, y como respuesta a la oposición que tenía en el poder legislativo, dio un auto golpe de Estado, en el que con la ayuda del Ejército tomó el Congreso y los tribunales judiciales. Si eso pasó en 1992, tres años más tarde su poder había aumentado de tal manera que ganó fácilmente las elecciones de 1995.

En esta segunda legislatura su autoritarismo y ataque a los derechos humanos no disminuyó. Más aún, fue en estos años cuando lanzó un supuesto plan de salud pública, que no tenía otro objetivo que la esterilización entre mujeres de bajos recursos con el objetivo de frenar la pobreza en el país. Entre 1996 y 1998, se calcula que cerca de 300.000 mujeres pobres e indígenas fueron esterilizadas.

Además, y según constató la Comisión de la Verdad y la Reparación (CVR) creada en Perú, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las torturas y malos tratos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad fueron sistemáticos y generalizados durante el mandato de Alberto Fujimori.

Condenado por matanzas. A pesar de todo ello, la maquinaria fujimorista posibilitó una nueva reelección en el año 2000, bajo denuncias por fraude electoral.

Poco le duró este tercer mandato, ya que a los pocos meses de volver a ser nombrado Presidente salieron a la luz videos en los que se veía a gente del círculo íntimo de Fujimori sobornar a políticos y empresarios.

Tras su huida a Japón, fue detenido en Chile en 2005, extraditado y condenado en 2009 a 25 años de cárcel por los casos de Barrios Altos y la Cantuta, donde un grupo paramilitar creado por el aparato presidencialista perpetró sendas masacres. En el juicio se constató que esa organización armada, denominada Colina, actuaba a las órdenes de Fujimori y Vladimiro Montesinos, el jefe del Servicio de Inteligencia peruano.

Gracias al referido indulto judicial, de esos 25 años solo cumplió 15, un periodo que, a pesar de haber restituido parcialmente la memoria de las víctimas, pone de manifiesto el poder e influencia que tenía y tiene hoy en día todavía en Perú el fujimorismo, cuya punta de lanza es Fuerza Popular, el primer partido en escaños en el Parlamento andino y que lidera Keiko Fujimori, hija del ahora fallecido y cuya relación no ha sido siempre estrecha.