La nueva ley endurece drásticamente los requisitos de residencia, reagrupación familiar y acceso a la nacionalidad, afectando especialmente a migrantes de países lusófonos como Brasil, Angola o Mozambique.

Esta norma, tramitada sin consultas previas con organizaciones sociales ni dictámenes jurídicos externos, supone un viraje sin precedentes en un país cuya historia reciente ha estado marcada por la emigración y los procesos de descolonización.

Su aprobación evidencia el creciente peso de las tesis ultraderechistas en las políticas públicas portuguesas, tras el espectacular ascenso electoral de Chega, que amenaza con redibujar los equilibrios de la democracia lusa nacida tras la Revolución de los Claveles de 1974.

La llamada Proposta n.º 3/XVII/1.ª introduce nuevos obstáculos para la regularización de migrantes y su integración. Entre otras medidas, establece que los nacionales de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) deberán demostrar una disponibilidad financiera mínima de 10.500 euros para permanecer legalmente en Portugal. También se endurecen los requisitos de reagrupación familiar, restringida ahora a menores de edad o personas con altos ingresos o “golden visas”, es decir, residentes con inversiones superiores al medio millón de euros.

El Gobierno pretende ir más allá en septiembre, cuando se discutirá una reforma de la Ley de Nacionalidad que podría eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes y alargar aún más los plazos de obtención de la nacionalidad.

El Partido Comunista Portugués ha criticado duramente el contenido y la forma en que se ha tramitado esta reforma. En una publicación en redes sociales, señaló que “la ley de inmigración revela que la agenda retrógrada del Gobierno PSD/CDS ataca los derechos de los inmigrantes que aquí trabajan, pero no toca nunca ningún derecho de los súper ricos de los visados dorados”.

Añadieron que la norma “solo beneficiará a los grandes patronos que se alimentan de la inmigración ilegal”.

La reforma se ha aprobado con el apoyo explícito de Chega, partido liderado por André Ventura, que ha logrado transformar su agenda ultranacionalista en influencia directa sobre la legislación.

El endurecimiento de la ley de extranjería no puede desligarse del giro ideológico experimentado por el país en los últimos meses. El pasado mayo se celebraron elecciones anticipadas que consolidaron a la derecha como bloque hegemónico, con una izquierda debilitada y una Chega convertida en cuarta fuerza parlamentaria. Con un 22,56 % de los sufragios, Ventura se autoproclamó “líder de la oposición” y avanzó su intención de condicionar toda la acción legislativa.

Chega, fundado en 2019 como escisión ultraconservadora del Partido Social Demócrata, ha capitalizado el malestar económico, el desencanto con la política tradicional y la crisis del estado de bienestar portugués. Su discurso, centrado en la criminalización de migrantes, ataques a la población gitana y la exaltación de valores autoritarios, ha calado en amplios sectores sociales.

Con lemas como “Limpiar Portugal” o “Salvar Portugal”, su programa mezcla populismo punitivo, conspiracionismo y referencias religiosas, todo ello enmarcado en una retórica anticorrupción que culpa a la “clase política parasitaria” de todos los males del país.

En este contexto, la nueva ley de extranjería se interpreta como una victoria simbólica y material de la extrema derecha, que consigue imponer su agenda incluso sin formar parte del Gobierno. La eliminación de vías de regularización por arraigo laboral, el cambio de estatus a menores migrantes en situación vulnerable -que pierden su residencia humanitaria- y las restricciones a la movilidad intra-CPLP refuerzan la idea de que Portugal se suma a la ola reaccionaria europea.

El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, tiene ahora veinte días para promulgar o vetar la norma. Puede también consultar al Tribunal Constitucional, algo que han solicitado ya varios sectores de la oposición.

Sin embargo, incluso si Rebelo frena este paquete legislativo, el avance de la derecha radical en Portugal ya ha dejado una huella indeleble en el debate público, en las instituciones y en la forma en que el país se concibe a sí mismo.

La erosión de los consensos democráticos que sustentaron el Portugal posrevolucionario se hace hoy evidente no solo en los escaños, sino también en las leyes.