Por Oscar J. Serrano
A la vez que se tramitaba esa solicitud, el representante de Justicia federal, el jefe de fiscales W. Stephen Muldrow, rehusó contestar preguntas sobre una investigación electoral pendiente por la que agentes federales entrevistaron a personal de la CEE en marzo.
El funcionario tampoco contestó a NotiCel si pensaba que las elecciones de noviembre próximo serían un evento libre y justo.
La comunicación recuerda que los residentes de Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses por nacimiento y que el gobierno federal tiene la obligación de protegerles el derecho al voto.
“Los votantes en Puerto Rico han enfrentado obstáculos sin precedentes en el ejercicio de su derecho fundamental al voto, y merecen todo el apoyo del gobierno federal para remediar esta situación insostenible”, sostiene el grupo de congresistas demócratas, que incluye a Raúl Grijalva, Grace Meng y Delia Ramírez.
“La lista extensa de irregularidades en la CEE es inaceptable y arroja dudas sobre la legitimidad del sistema electoral, levantando más preguntas que respuestas”, plantea también al enumerar los problemas de la CEE, comenzando con la aprobación del Código Electoral de 2020.
Esto “inmediatamente destruyó el balance institucional que había existido históricamente entre los partidos políticos de la isla, que cogobernaban el CEE sobre una base de igualdad” y colocó el ente en las manos del Partido Nuevo Progresista (PNP), abriendo la puerta a “niveles inimaginables de corrupción y favoritismo” ya que “un número considerable de servidores públicos con experiencia invaluable han sido sustituidos por operadores políticos del PNP, mientras a los partidos minoritarios se les niega constantemente el apoyo que requieren”.
Como base de la carta, los congresistas citan el bajo nivel de inscripción que se registró este año, el informe de la Oficina de la Inspectora General sobre las primarias de 2020 que tuvieron que ser divididas en dos días por las fallas en la CEE y el informe de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) sobre las primarias de este año.
En ese informe sobre el evento de junio pasado, se concluyó que hubo falta de personal, amplio malfuncionamiento de las máquinas de escrutinio, custodia negligente de material electoral y lentitud en el conteo a nivel de colegios.
Además, menciona el incidente en el que una empleada del PNP en la CEE distribuyó información electoral confidencial de la abogada Mayra López Mulero en un chat integrado por personas identificadas con ese partido, incluyendo analistas en medios de comunicación.
A septiembre de 2023, la CEE tenía asignados casi $7 millones en fondos federales para cumplir con requerimientos de movilización de votantes y otros propósitos de la ley federal Help America Vote (HAVA).
La carta pide auditoría porque el examen más reciente del uso de fondos federales fue en 2017, antes de la entrada en vigor del nuevo Código Electoral.
Esta semana, el Centro de Periodismo Investigativo reveló que miles de votantes fallecidos aparecen votando en los eventos electorales de 2016 y 2020. Además, que el PNP desplegó a un grupo de médicos para certificar falsamente que electores cumplían con los requisitos del voto encamado y del voto adelantado, aunque estos últimos estaban incapacitados mentalmente.
