Por Carlos Sánchez Mato (*)

Naciones Unidas anunció en 2015, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la erradicación del hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.

   Esto está unido indefectiblemente a la necesidad de lograr un sistema alimentario más resiliente, que deje de ser uno de los principales contribuyentes al cambio climático, y forme parte de la solución. No parece que vayamos bien encaminados para lograrlo en la fecha fijada, en 2030, porque Las cifras del hambre en el mundo volvieron a alcanzar niveles inasumibles en 2022.

   Entre 691 y 783 millones de personas no tuvieron alimentos suficientes durante 2022 según la FAO, 122 millones más que en 2019. No, no es la escasez la que ha incrementado las cifras sino la subida de precios que sí que tiene mucho que ver en esta dramática situación.

   En España, a pesar del aumento de la renta media, el incremento del precio de los alimentos ha golpeado con fuerza a las familias más vulnerables y especialmente a las personas más jóvenes. El 7 % de los menores de 16 años tuvo grandes dificultades para comer carne o pescado todos los días.

   El aumento del precio de la cesta de la compra afecta muy especialmente a las familias más vulnerables, que tienen que ajustar su escaso presupuesto y cambiar el menú para poder alimentarse, aunque no de la mejor manera. El impacto es brutal y hace que el 9 % de la población presente carencias materiales severas, más de un punto por encima del año 2022, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

   Preguntarse por las causas obliga a analizar el funcionamiento del sistema capitalista en el sector de la producción y la distribución de alimentos, la concentración en manos de gigantescos grupos empresariales que conforman poderosos oligopolios y la especulación financiera asociada que genera enormes daños a la inmensa mayoría de la población mundial y jugosos beneficios a una pequeña minoría.

   Greenpeace Internacional realizó una investigación en 2022 en la que analizó las mayores empresas mundiales de cada uno de los cuatro sectores agroalimentarios. El resultado es esclarecedor y demuestra el fracaso sistémico de las políticas públicas que han permitido que un reducido grupo de empresas multinacionales de la alimentación acumulen enormes beneficios convirtiendo en un lucrativo negocio lo que debería ser un derecho.

Los amos del negocio

   Veinte grandes multinacionales acumulan el 20 % de la producción agroalimentaria a nivel mundial. Seguramente muchas de ellas ni las conozcas, pero están detrás de las marcas que consumes.

   Cargill y Archer-Daniels Midland en cereales, Danone y Lactalis en lácteos, JBS y Tyson Foods en carnes o Nutrien y Yara en fertilizantes condicionan tu vida mucho más de lo que puedes llegar a imaginar.

   Y es que la consecuencia de que los mercados alimentarios se concentren en manos de un número muy limitado de grandes empresas facilita la propensión de la cadena de suministro a fracturarse cuando hay inestabilidad global.

   En 2020 y 2021, las 20 empresas agroalimentarias internacionales más grandes que pertenecen a los sectores del cereal, de los fertilizantes, de la carne y de los productos lácteos distribuyeron más de 53.500 millones de dólares a sus accionistas al mismo tiempo que crecían las personas hambrientas a nivel mundial y se alejaban las expectativas de alcanzar el objetivo de “hambre 0” en 2030.

   La nociva concentración que describimos a nivel global y que otorga un obsceno control de los mercados a las grandes corporaciones también se traslada a nuestra realidad más cercana.

   En España, el número de empresas de la industria de alimentación y bebidas asciende a 28.335, según los últimos datos del Directorio Central de Empresas del INE, lo que representa el 15,9 % de total de la industria de nuestro país. Pues bien, solo el 0,9 % que tiene más de 250 personas trabajadoras, acumula el 42 % de la producción.

   Y si descendemos al último eslabón de la cadena, la distribución, 5 grandes grupos acumulan un 60 % de la cuota de mercado en nuestro país. Mercadona y Dia tienen un control total del mercado estatal.

   La empresa valenciana, que controla 1.500 supermercados y planea la apertura de otros 200 más en el país, tiene una cuota de mercado, según los estudios realizados por distintas consultoras, del 27 % del total. Dia tiene 4.151 tiendas en España y, tras la compra de Supermercados El Árbol y de 160 supermercados de Eroski, operaciones ambas que acaba de materializar este mismo año, llegará a tener el 13 % de la cuota de mercado.

   Carrefour, Eroski y Alcampo con el 9 %, 7 % y 4 % respectivamente completan un quinteto que constituye un poderoso oligopolio. Para cualquier proveedor de la industria alimentaria no tener acceso a estas cinco grandes distribuidoras limita su desarrollo de una forma brutal.

   En definitiva, la concentración a nivel global en la producción unida a la que existe a nivel del estado español y a la guinda que supone el control de la distribución en muy pocas manos, convierte el conjunto en una verdadera bomba de relojería.

Especular con el hambre

   Por si fuera poco, el fenómeno de la especulación financiera con alimentos y sus derivados se ha instalado en la economía. Especular no es otra cosa que adquirir un determinado producto no con el objetivo de consumirlo sino con el de venderlo de nuevo aprovechando las variaciones de su precio.

   Esto es precisamente lo que está sucediendo en el mercado de alimentos, donde los inversores especulan en los mercados y provocan variaciones de precios que alejan los mismos de su valor real.

   En unas ocasiones incrementándolos y expulsando del mercado a las personas más vulnerables. En otras hundiéndolos y arruinando a los pequeños productores incapaces de aguantar las pérdidas.

   Hay dos tipos de prácticas especulativas:

Las relacionadas con el acaparamiento directo o, lo que es lo mismo, en almacenar y mantener fuera del mercado un producto a la espera de que suba su precio.

La especulación en los mercados de futuros que se caracterizan por comprar no la materia prima en sí, sino los contratos de venta anticipada entre productores y empresas distribuidoras.

   En estos, los primeros se comprometen a entregar una determinada cantidad de materia prima alimentaria y los segundos a comprar a esta determinada cantidad. El mercado de futuros se comenzó a desarrollar a partir del siglo XIX.

   La especulación causa graves problemas porque estas prácticas no se circunscriben al ámbito de los inversores financieros, sino que modifican los precios de mercado y generan gravísimas distorsiones a productores y consumidores de manera global causadas y derivadas de las apuestas realizadas por quienes realizan estas operaciones financieras.

   El capital financiero migra de burbuja en burbuja buscando rentabilidad para la inmensa masa acumulada en las fases previas.

   El sector alimentario es ya uno de sus destinos centrándose en el acaparamiento de tierras, un nuevo terreno de especulación alimentaria que se está produciendo en un número cada vez mayor de países del Sur y que ya constituye una amenaza en el acceso a la tierra para las personas más empobrecidas. En los últimos años un ejército de fondos de inversión, fondos de capitales privados, fondos de cobertura y otros por el estilo han comprado ávidamente tierras de cultivo en todo el mundo. El efecto es que los precios de la tierra están subiendo alarmantemente.

Hay alternativas y hay que pelearlas

   Ante todo lo descrito, no cabe el desánimo. Porque nadie puede negar que hay alternativas.

   En primer lugar, es imprescindible considerar los alimentos como un bien común, no de mercado y garantizar el derecho a una alimentación sana. Todo ello debe ir acompañado de la protección de las personas trabajadoras del sector y de mecanismos de estabilización de precios y rentas que garanticen ingresos dignos y suficientes a los pequeños y medianos productores.

   El comercio mundial de alimentos debe coexistir con cadenas alimentarias más cortas y sencillas para que se pueda devolver el poder a quienes cultivan la tierra para que puedan vender sus productos directamente al consumidor, en lugar de hacerlo a través de grandes empresas que actúan como intermediarias y se llevan porcentajes enormes de los beneficios.

   A nivel estatal sería un gran avance la intervención estatal para limitar los precios de una cesta básica -siguiendo lo que se hizo con el gas y las mascarillas- combinado con el establecimiento de bonificaciones a las familias con rentas bajas, que son las que en mayor porcentaje destinan la misma a alimentación, de productos como carnes, pescados, frutas y lácteos.

   Por último, es necesario indicar que la especulación triunfa solo ante la inacción de los Estados. Ocurre porque existe falta de regulación y debido a la ausencia de mecanismos de estabilización de los precios. Sería perfectamente posible actuar a nivel global para controlar los precios y eliminar la volatilidad del precio de los alimentos básicos.

   Pero claro, eso eliminaría los enormes incentivos a quienes se están haciendo de oro en esta situación.

   ¿Estarán dispuestos los gobiernos a romper el nudo gordiano que nos oprime? Sin presión y movilización de la clase trabajadora, seguro que no.

(*) Periodista de Sociedad y Ciudadanía.