Las autoridades judiciales de EEUU han decidido poner en libertad a Alexander Alazo, el individuo que el 30 de abril de 2020, en plena calle, disparó 32 cartuchos con ametralladora contra la Embajada de Cuba en ese país, en cuyo recinto se encontraban siete personas.
Este suceso, en una avenida céntrica de Washington, la capital estadounidense, contra una sede diplomática y con el objetivo declarado de causar daño, calificaría en cualquier país como un acto terrorista.
No sucede así en Estados Unidos y menos aun cuando se trata de una acción violenta contra Cuba. El Gobierno de ese país ha rehusado en todo momento calificar ese acto como lo que es y en ningún momento tuvo la intención de procesar al perpetrador como terrorista, a pesar de que la naturaleza de sus actos está explícitamente tipificado en la legislación estadounidense contra ese flagelo.
Se conoce el historial del Gobierno estadounidense como ejecutor o como cómplice tolerante del terrorismo y de actos violentos contra Cuba. La protección y respaldo a connotados terroristas forma parte de la hoja de conducta de ese país.
Un experto en psiquiatría del Gobierno estadounidense, en acuerdo con los abogados de la defensa, dictaminó que Alazo no era “criminalmente responsable” al momento de llevar a cabo la agresión, por lo que fue hallado no culpable, aun cuando sus actos muestran que es un peligro para la sociedad, conforme ya había opinado otro dictamen ante la corte.
Las autoridades del sistema de justicia de ese país prefirieron ignorar las evidencias sobre los vínculos y contactos de Alazo con grupos e individuos radicados en el sur del estado de Florida, con trayectoria y antecedentes agresivos contra Cuba, incluyendo la promoción de la violencia y el terrorismo.
Cuba es un país víctima del terrorismo organizado, financiado y ejecutado desde territorio de Estados Unidos, con la experiencia desgarradora de 3 478 cubanos víctimas mortales y 2 099 lesionados con incapacidades.
El país tiene una posición firme y categórica contra ese flagelo, incluyendo el terrorismo de Estado, y tiene el deber de reclamarle al Gobierno estadounidense una conducta seria, responsable y honesta cuando un acto de esa naturaleza se comete contra la Embajada de Cuba y el personal cubano allí designado.