Monseñor Ettore Balestrero, Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra, intervino en la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos e invitó a recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos “sirve de brújula moral”.
Sin embargo, a pesar de que el “derecho internacional humanitario” es fundamental “para salvaguardar la dignidad humana”, sus violaciones siguen causando sufrimiento, exacerbando las crisis humanitarias, socavando el Estado de derecho y favoreciendo la impunidad.
En un momento en el que “la discriminación, el acoso y la violencia van en aumento y muchas comunidades religiosas, en particular los cristianos, están en el punto de mira”, Balestrero habló de la necesidad de “ampliar vías seguras y regulares para refugiados y migrantes”.
Los Estados, insistió, “tienen la obligación positiva de promover un entorno que fomente la libertad de religión, de creencias y de conciencia”, por lo que deben promover la fraternidad humana, dialogando y escuchando, especialmente a los más pobres y menos poderosos, con el objetivo de “proteger la dignidad humana, fomentar la fraternidad humana y promover la paz y la estabilidad”.
Preocupación por las bombas de racimo
El Observador de la Santa Sede había expresado previamente la preocupación del Vaticano por la producción, el almacenamiento, el traslado y el uso en conflictos armados de municiones de racimo, al hablar en la 12ª Reunión de los Estados Parte de la Convención sobre Municiones de Racimo, también en Ginebra y subrayó la necesidad de considerar los tratados de desarme como “compromisos morales con las generaciones presentes y futuras”.
A continuación, Balestrero reafirmó la importancia de la Convención sobre Municiones en Racimo, indicando que reafirmar y respetar el derecho internacional y los acuerdos internacionales sobre desarme no es debilidad, sino “una noble fuente de fortaleza y responsabilidad hacia toda la humanidad”.
Ante la retirada de los Estados Parte, la Santa Sede expresó su profunda preocupación y hace un llamamiento a las naciones para que se adhieran a la Convención, cuya universalización debe considerarse una “obligación legal”.