Esta resolución no aprueba el plan marroquí de autonomía. Reafirma las resoluciones anteriores, las dictadas tras la aprobación del Plan de Arreglo (1991 de NN.UU y Organización para la Unidad Africana) y prorroga un año la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). El pasado 6 de noviembre se cumplían 50 años de la despreciable marcha, organizada por el Reino de Marruecos, «la marcha negra» calificada por los saharauis, para ocupar por la fuerza e ilegalmente, el territorio del Sáhara Occidental, entonces administrado por España. El sátrapa rey de Marruecos, Mohamed VI es el responsable máximo de la violación sistemática de los derechos humanos saharauis y de su maltratado pueblo marroquí, del expolio de sus recursos naturales del territorio ocupado y de la burla permanente a las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la autodeterminación del pueblo saharaui. La Corte Internacional de Justicia (16 octubre de 1975), concluyó que el pueblo del Sáhara Occidental tiene el derecho a su autodeterminación y que los lazos históricos invocados por Marruecos no privaron a ese pueblo de ese derecho. De forma reiterada, la Asamblea General de las Naciones Unidas se viene pronunciando sobre ese derecho. Por ejemplo, la A/RES/34/37 que reafirma de forma recurrente “el inalienable derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación e independencia” y solicita medidas de descolonización y seguimiento por parte del secretario general y de los órganos competentes. Estas resoluciones son la expresión política regular de la comunidad internacional en las NN.UU. La propia creación de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), en resolución 690 de abril de 1991, explicita su mandato para organizar y garantizar un referéndum de autodeterminación. Sobre la base del informe de la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) (A/76/425, párr. 37), la Asamblea General aprobó la resolución 76/89 sobre «la Cuestión del Sáhara Occidental» donde reafirmaba «el derecho inalienable de todos los pueblos a la libre determinación y a la independencia, de conformidad con los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas». España debe asumir de una vez su responsabilidad política, jurídica y ética como potencia administradora del último proceso africano pendiente de descolonización Las Naciones Unidas nunca han considerado ni a Marruecos ni a Mauritania como potencias administradoras del territorio del Sáhara Occidental al figurar en la lista de NN.UU. como único territorio español pendiente de descolonización, según resolución 1542 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Corresponde pues a España asumir de una vez su responsabilidad como potencia administradora del último proceso africano pendiente de descolonización, una responsabilidad política, jurídica y ética para con los habitantes, hombres y mujeres que, a pesar de constar como españoles en 1975 (El Sahara adquirió el estatus de provincia en 1959), fueron abandonados a su suerte tras la ocupación militar y colonial de Marruecos. Según el profesor Isaías Barreñada, «el papel de España ha sido cuando menos escandaloso. Si la cesión del territorio fue resultado de un apaño en las postrimerías de la dictadura, la España democrática ha hecho poco para deshacer el entuerto. A diferencia de Timor Este, que contó con un apoyo constante y coherente de su exmetrópoli colonial (Portugal denunció a Indonesia en distintos foros internacionales, y a Australia por explotar recursos naturales de Timor ocupado), El Frente de Liberación de Saguía el Hamra y Rio Oro (POLISARIO), es considerado por las NN.UU. y la Unión Africana, como el legítimo representante del pueblo saharaui. De igual forma, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sucesivas sentencias relativas a la no aplicación de los acuerdos de pesca con Marruecos al aplicarse al Sáhara Occidental y aguas adyacentes, reitera que el pueblo del Sáhara Occidental, a través de su representante reconocido por las NN.UU., el Frente Polisario, debe dar su consentimiento expreso para los acuerdos que afecten a sus recursos naturales. Esas sentencias reconocieron específicamente la capacidad jurídica y legitimación procesal del Frente Polisario para interponer recursos ante los tribunales de la UE como representante del pueblo saharaui. Las Naciones Unidas consideran al POLISARIO como el legítimo representante del pueblo saharaui y nunca han considerado ni a Marruecos ni a Mauritania como potencias administradoras En ese contexto del derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir su destino, la posición del presidente del gobierno de España y de su ministro de asuntos exteriores, contraria a que España asuma su papel de administradora en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, y su apoyo a la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad, además de colisionar con el derecho internacional, no representa la soberanía nacional expresada a través de la Cortes Generales. El Congreso de Diputados aprobó una resolución en abril de 2022 contra el viraje de la posición española sobre el Sáhara defendida por el presidente Sánchez y su ministro de asuntos exteriores Albares. El embajador Omar Ben Jamaa, representante permanente de Argelia ante las NN.UU., afirmó en el debate del Consejo de Seguridad citando al presidente Woodrow Wilson que «los pueblos no deben ser entregados de una soberanía a otra mediante una conferencia internacional o un acuerdo entre rivales y antagonistas. Deben respetarse las aspiraciones nacionales. Los pueblos solo pueden ser dominados y gobernados con su propio consentimiento. La autodeterminación no es una mera frase; es un principio de acción imperativo». Contrario a la resolución aprobada, señaló que no satisface las expectativas ni las legítimas aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental, representado por el Frente Polisario, que durante más de 50 años ha luchado por determinar su propio futuro. Priorizar una opción sobre las demás limita la creatividad y la flexibilidad necesarias para alcanzar un acuerdo acorde con la doctrina de descolonización de las NN.UU. Los hombres y mujeres del Sáhara Occidental que siguen padeciendo una ocupación criminal, muchos de ellos y ellas detenidas, torturadas o desaparecidas durante cincuenta años, cuentan con un arma poderosa e indestructible: el derecho a decidir su futuro. Y deben saber que en su defensa no están solos. El pueblo español, solidario con la causa saharaui, seguirá reclamando la realización de ese referéndum para el libre destino del Sáhara Occidental. «Mi vida como la de todos los activistas saharauis es una vida militante. Un militante que vive bajo una ocupación de una dictadura que no sabe respetar los DD.HH., que no respeta incluso ni a su gente. Estoy bajo vigilancia, la casa rodeada por la policía […]La policía está 24h en frente de nuestras casas…»