Por Javier F. Ferrero
Donald Trump ha convertido la política comercial en un arma mafiosa. El presidente de Estados Unidos ha roto cualquier negociación con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha impuesto un arancel del 50% a Brasil, el más alto del mundo en este momento, para “proteger la seguridad nacional estadounidense”.
La realidad es mucho más sucia: el castigo es un mensaje claro a la justicia brasileña, que tiene contra las cuerdas a Jair Bolsonaro, el expresidente ultraderechista procesado por liderar un intento de golpe de Estado en 2023.
El decreto firmado por Trump invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, diseñada para actuar frente a amenazas externas.
¿Cuál es la amenaza? Que un juez brasileño se atreva a procesar a un aliado del trumpismo internacional. Ni el comercio, ni la balanza económica –que beneficia a EE.UU.– justifican una medida así. El único objetivo es doblegar a un país soberano a base de chantaje económico para salvar a un presunto golpista que podría ser condenado hasta 43 años de prisión en septiembre.
Los detalles son reveladores. Embraer, empresa clave para aerolíneas estadounidenses, queda fuera del castigo. También ciertos minerales estratégicos. La “defensa nacional” no llega hasta donde afectaría a los negocios del propio Trump. El arancel no es una medida comercial: es un acto de guerra política con excepciones para los amigos del dinero.
El blanco principal no es Lula, es la independencia judicial de Brasil. Alexandre de Moraes, juez del Supremo que investiga el golpe bolsonarista, ha sido sancionado por Estados Unidos. Se le han bloqueado bienes, revocado visados y prohibido operaciones financieras con empresas estadounidenses. La Casa Blanca lo acusa de “censura y violación de derechos humanos” por aplicar leyes brasileñas contra la desinformación y el discurso de odio en redes sociales, leyes que incluso obligaron a Elon Musk a acatar decisiones judiciales tras semanas de bloqueo de la red X en Brasil.
El mensaje es claro: si un juez se atreve a investigar a un ultra, será tratado como enemigo del imperio.
Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, lleva meses instalado en Washington presionando por esta ofensiva. Celebró el tarifazo como un “hito histórico” y volvió a exigir amnistía para su padre y los demás golpistas.
El trumpismo y el bolsonarismo actúan como un bloque único, coordinado, con un mismo objetivo: borrar las consecuencias del asalto a la democracia y castigar a quien no lo consienta.
Mientras tanto, Lula ve cómo un país de 215 millones de habitantes paga el precio de una política exterior convertida en vendetta personal. Trump convierte a Brasil en rehén económico para mandar un mensaje global: la extrema derecha no rinde cuentas ante la justicia. La democracia brasileña es la víctima colateral de un pacto internacional entre mafiosos políticos.
El arancel del 50% no es comercio, es un golpe sin tanques ni bayonetas. Es la advertencia de un imperio que se siente con derecho a dictar sentencias a miles de kilómetros, premiar a golpistas y castigar a los pueblos que intentan ponerles límites. Una señal de que, con el trumpismo al mando, la ley se dobla para los ultras y se aplasta para todos los demás.