A través de un comunicado del Ministerio Público, Saab denunció esta detención arbitraria de ciudadanos venezolanos en el país centroamericano e igualmente calificó la situación como un crimen de lesa humanidad.

   Señaló que esta acción refleja prácticas neofascistas y acusó a Bukele de actuar de manera unilateral y tiránica al decidir sobre la vida y libertad de los connacionales.

   En el escrito, el Fiscal General informó que ha enviado comunicaciones al Fiscal General y a la Corte Suprema de El Salvador, exigiendo respuestas sobre los delitos imputados a los venezolanos, su acceso a un juez y abogado y la posibilidad de comunicarse desde su detención.

   En dichas comunicaciones, Saab exigió respuestas claras sobre cuatro aspectos fundamentales: a) los delitos específicos que se les imputan, b) si han sido presentados ante un juez, c) si han tenido acceso a un abogado que garantice su derecho a la defensa, y d) si se les ha permitido comunicarse con alguien desde el momento de su detención.

   Además, solicitó la lista completa de los detenidos, su estatus judicial, pruebas de vida y un informe médico detallado.

   Saab comparó el trato recibido por los venezolanos con las prácticas nazis del siglo XX y acusó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de ser un lugar de desaparición forzada, utilizado para obtener beneficios económicos.

   Instó a las organizaciones internacionales a exigir la liberación inmediata de los detenidos y sancionar estas acciones, que calificó como un atentado contra la convivencia internacional, la justicia y la paz.